Durante el segundo mandato de Gabriel García Moreno, se inaugura la Penitenciaría Nacional de Quito, nombrada posteriormente “Penal García Moreno”, con una capacidad inicial para 300 personas que fue ampliándose durante los siguientes años. Este centro fue construido para establecer un régimen carcelario basado en el aislamiento, la vigilancia y la reforma moral de los presos. Durante décadas, el Penal García Moreno fue la única estructura carcelaria moderna en toda Sudamérica (Alexander L., 1985).

El binomio conformado por Rafael Vicente Correa Delgado y Lenin Boltaire Moreno Garcés gana las elecciones presidenciales en Ecuador con el 56,7% de los votos frente al empresario Álvaro Noboa Pontón (El Orden Mundial, 2021). Correa propone una serie de reformas legales, estructurales e institucionales para la administración carcelaria. Este nuevo modelo de gestión implica la construcción de infraestructura carcelaria, contratación de personal, compra de equipamiento de seguridad, clasificación de la población recluida, entre otros cambios (Navarrete, 2016). 

Rafael Correa crea el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y nombra a Gustavo Jalkh Röben como titular. Esta entidad tiene entre sus objetivos optimizar los planes y proyectos de las instituciones relacionadas con el sistema de justicia, incluyendo la gestión penitenciaria del país. (La Hora, 2007). 

Entra en vigencia la nueva Constitución, tras haber sido aprobada en el referéndum con un 63.9% de votos. En esta nueva Carta Magna, en el artículo 35, se incluye por primera vez a las personas privadas de libertad (PPL) como grupo de atención prioritaria (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).

Se anuncia la posible construcción de una nueva cárcel en Cotopaxi. Las personas pertenecientes a la parroquia Guaytacama, expresan su rechazo a esta obra, debido a la supuesta exposición que traería al expendio de drogas, fugas de personas privadas de libertad, pérdida de turismo y amotinamientos. Al respecto, Rómulo Fernando Cáceres Cortez, gobernador de Cotopaxi, declara que esta oposición está movida por intereses electorales y carece de fundamento técnico, por lo que no se dará marcha atrás en la obra (El Universo, 2008).

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1578, se nombra a Néstor Arbito Chica como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, luego del nombramiento de Gustavo Jalkh como Ministro del Interior (Presidencia de la República, 2009). 

Rafael Correa es reelegido como Presidente de Ecuador en la primera vuelta, obteniendo un 52% de los votos ante el candidato opositor Lucio Gutiérrez Borbúa (El País, 2009).

Durante la sesión solemne por los 475 años de fundación de Quito, el alcalde Augusto Barrera Guarderas manifiesta al presidente Rafael Correa que es indispensable concretar la reubicación del Penal García Moreno por el bien de la seguridad de la capital (El Comercio, 2009).

Tras la renuncia de Néstor Arbito, mediante el Decreto Ejecutivo No. 311, se nombra a José Ricardo Serrano Salgado como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Presidencia de la República, 2010). 

Inicia el proceso de adjudicación para la construcción de la cárcel de Latacunga (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2010).

El ministro José Serrano, declara en emergencia al sistema de rehabilitación social en el país, justificando la declaración en varias problemáticas de infraestructura y en un hacinamiento carcelario de 93% (El Diario, 2010). 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 731, se crea el Instituto de Contratación de Obras (ICO), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). El ICO tiene como principal función asumir y ejecutar las etapas precontractuales y contractuales de los procedimientos de contratación de las obras y servicios de algunos ministerios, incluyendo el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Juan Carlos Checa Reinoso es nombrado como titular de esta entidad (Presidencia de la República, 2011). 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 772, se nombra a Johana Farina Pesántez Benítez como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tras la renuncia de José Serrano y su posterior nombramiento como Ministro del Interior (Presidencia de la República, 2011). 

Durante una visita a Cotopaxi, Rafael Correa ratifica que el sitio de construcción para la nueva cárcel será la parroquia de Poaló, dentro de la ciudad de Latacunga. Por su parte, Cesar Aníbal Soria Flores, Presidente del Comité de Defensa de Poaló, manifiesta su oposición ante la construcción de la cárcel, debido a la supuesta inseguridad que representaría. En respuesta, Correa declara que esta oposición es producto de una manipulación de Pachakutik y del Movimiento Popular Democrático (MPD), y que no se permitirá un bloqueo a la obra (El Universo, 2011).

Durante una sesión general de la Asamblea Nacional la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán Guala, manifiesta que los pueblos deben ser consultados sobre temas trascendentales según la Constitución, sosteniendo que el caso de la cárcel y la comunidad de Poaló debería debatirse en la Asamblea. (El Universo, 2011).

Se inicia el proceso de contratación para la construcción de la cárcel de Latacunga. Según un informe posterior de la Contraloría General, los Términos de Referencia presentados fueron incompletos, debido a que no contemplaron el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad (CGE, 2019). 

El Director de Contratación de Obras del ICO y el Procurador Común del Consorcio Patria, Edward Abelardo Becerra Calderón, suscriben el contrato “Construcción por emergencia del proyecto Nuevo Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte (CRS Cotopaxi)” con código CDE-ICO-105-2012. El plazo de ejecución de la obra es de 365 días, y el monto del contrato es de USD 46.580.976. 

La justificación principal para construir la cárcel de Latacunga es albergar a las PPL de 6 cárceles de Pichincha y Cotopaxi, entre estas el Penal García Moreno, del cual se trasladarían a todas las PPL (CGE, 2019). 

El Consorcio Patria, contratista de la obra, está conformado por dos constructoras: 

• Juan Vela Witt Ingeniería y Construcción Cía. Ltda. – Disuelta y liquidada en 2019. Representada por Juan Fernando Vela Witt. 

• Constructora Becerra Cuesta Cía. Ltda. – Activa hasta la fecha. Representada por Edward Becerra Calderón. Esta constructora ha participado en la ejecución de varios proyectos de infraestructura pública como la carretera Latacunga - La Maná, pavimentación de calles de Guayaquil, puente Carlos Pérez Perasso (Daule), reconstrucción de unidades policiales afectadas por el terremoto del año 2016 en Manabí, entre otros. 

Según un informe de la Contraloría General, entre esta fecha y el 31 de octubre de 2013, el contratista tramitó 11 planillas de gastos excedentes que aumentaron el monto del contrato por USD 11.644.919. Este aumento se realizó sin tener una previa certificación de recursos, los cuales no eran suficientes para solventar este aumento (CGE, 2019).

Se suscribe el contrato de Fiscalización de la construcción de la cárcel de Latacunga, con código CDEF-ICO-047-2012 adjudicada al Ing. Saúl Velasco Logroño, por un monto de USD 1.827.510. Se establece que la fiscalización será desarrollada con la participación de especialistas, ingenieros y arquitectos. 

Un exámen posterior de la Contraloría determinó que, en este contrato:

• El fiscalizador no dio detalle de los estudios y experiencia del equipo técnico que intervino en este proceso. Tampoco se especificaron los salarios de cada miembro, los gastos para los equipos y otros costos que justifiquen el presupuesto.

• La falta de especificación de personal impidió que se corrobore en su momento el cumplimiento del personal mínimo requerido para la fiscalización, ni que éste completara sus jornadas laborales.

• En este mismo informe se determina que tras indagaciones de la Contraloría en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), se determina que el personal contratado no cumplía con la experiencia ni títulos profesionales establecidos por el contrato. Además, no se cumplió con la cantidad requerida de personal técnico, sin embargo, USD 483.924,03 se destinaron a sus remuneraciones (CGE, 2019). 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos designa a Mario Fabián Correa Vega como Delegado Técnico para dar seguimiento al proceso de ejecución de la construcción del centro de rehabilitación social  (MJDHC, 2018).

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos presenta el Modelo de Gestión Penitenciaria en Ecuador (Ycaza, 2023).. El documento describe las problemáticas de la sobrepoblación de las cárceles en Quito, considerando esto como una justificación para la construcción en curso de la nueva cárcel en Latacunga. Se establece que el Penal García Moreno contaba al momento con una población de 1,469 personas, cuando tenía capacidad para 1075 (MJDHC, 2013).

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 29, se nombra a Lenin José Lara Rivadeneira como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tras la renuncia de Johana Pesántez (Presidencia de la República, 2013). 

El Instituto de Contratación de Obras pasa a ser el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) por medio del Decreto Ejecutivo No. 49, y se adscribe a la Presidencia (el ICO estuvo anteriormente adscrito al MIDUVI). Juan Carlos Checa se mantiene como director de la institución (CGE, 2019).

El Arquitecto Marcelo Javier León Nogues es posesionado como nuevo Director del SECOB (SECOB, 2013).

Tras la renuncia de Lenin Lara, mediante el Decreto Ejecutivo No. 163, se nombra a José Serrano Salgado por segunda vez como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Presidencia de la República, 2013). 

En una entrevista para ECTV, el ministro José Serrano destaca las condiciones infrahumanas del sistema carcelario, el cual pretende ser transformado totalmente, eliminando las estructuras existentes de corrupción e impunidad. Señala que alrededor de 666 millones de dólares están siendo invertidos en los nuevos centros de rehabilitación social que funcionarán para reducir el hacinamiento (Ministerio de Gobierno, 2013). 

El Superintendente del Consorcio Patria, Rafael Ordinola, entrega al Fiscalizador el cuadro de cantidades del contrato complementario 1, es decir,  un detalle de las cantidades estimadas de los diferentes recursos que se ejecutarán, por un monto de USD 13.353.271. En este cuadro se incluye un rubro de “perforación de pozo” (CGE, 2019).

El Fiscalizador del contrato de construcción, Saúl Velasco Logroño, presenta un informe que señala la necesidad de revisar el abastecimiento de agua, debido a que en el sector donde se está construyendo la cárcel de Latacunga no existía una red de agua potable pública. Esto implica que la obra requiere un sistema propio de abastecimiento de agua mediante un pozo profundo, y una planta para su tratamiento (CGE, 2019).

El administrador de contrato de construcción, Germánico David Barahona Gómez, aprueba la suscripción del contrato complementario 1 sobre el abastecimiento de agua, en el cual consta la perforación de pozos (CGE, 2019). 

El presidente Rafael Correa realiza un recorrido por la obra, constatando que el 70% ya está lista (El Telégrafo, 2013). 

Se realiza un informe de ensayo acerca de un análisis de una muestra de agua extraída el 30 de diciembre de 2013, evidenciando que el líquido de los pozos que se iban a perforar tiene elementos químicos que sobrepasan los límites permitidos para el consumo. Esto se pone en conocimiento del contratista, sin embargo, el rubro de perforación de pozos se ejecuta de todas formas (CGE, 2019). 

El administrador del contrato de construcción, David Barahona, y el Director de Administración de Contratos del SECOB firman el contrato complementario 1 sobre el abastecimiento de agua, por el que se canceló un monto de USD 127.073 (CGE, 2019). 

A pedido del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, comienza el primer traslado de 351 PPL del Penal García Moreno hacia la cárcel de Latacunga. Sin embargo, esta infraestructura aún no se encuentra lista al 100% para iniciar sus operaciones, y el suministro de agua sigue sin cumplir los límites permitidos de químicos inorgánicos definidos por la norma INEN 1101, una norma técnica ecuatoriana que determina los requisitos que debe cumplir el agua para el consumo humano. 

Tras esto, se paga al contratista un valor de USD 109.909 por el servicio de suministro de agua tratada, para mejorar su calidad y volverla apta para el consumo (CGE, 2019). Según una ficha técnica del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para esta fecha la obra  se encuentra 86% terminada (MJDHC, 2018). 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos manifiesta por su cuenta de Twitter: “las instalaciones donde se encuentran los PPL trasladados están totalmente habilitadas y seguridad (sic)” (MJDHC, 2014).

Los familiares de 351 PPL que fueron trasladadas al CRS Latacunga desde el Penal García Moreno reclaman su retorno a Quito, mediante una protesta frente al Palacio de Gobierno. Manifiestan que el centro no cuenta con servicios básicos como agua y electricidad, entre otros, y tampoco cuenta con muros de cerramiento (La República, 2014). 

Tras la renuncia de José Serrano, mediante el Decreto Ejecutivo °256, Ledy Andrea Zúñiga Rocha es nombrada como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Presidencia de la República, 2014). 

Por medio de Twitter, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, comunica que el agua para la cárcel de Latacunga se provee por una planta de tratamiento propia (Zúñiga, 2014). 

El presidente Rafael Correa cierra definitivamente el Penal García Moreno tras considerar que su infraestructura estaba deteriorada y las condiciones de vida de las PPL eran insostenibles. El resto de PPL que albergaba este centro son enviadas a la nueva cárcel de Latacunga (Ecuavisa, 2014). 

El Fiscalizador del contrato de construcción de la cárcel de Latacunga, Saúl Velasco Logroño, presenta un informe con justificativos para suscribir un segundo contrato complementario para el abastecimiento de agua. En este, manifiesta que la infraestructura continúa sin agua apta para consumo y no cumple con los parámetros básicos definidos por la norma INEN 1101, como olor, turbiedad, sabor y color (CGE, 2019).  

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, declara públicamente que la cárcel de Latacunga se encuentra lista, luego de una visita al centro junto con 50 personas servidoras públicas. En esta visita, el asambleísta por Alianza PAIS y presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino Reinoso, afirma que en este centro se respetan los derechos humanos y la dignidad de las PPL (El Comercio, 2014). 

Rafael Correa visita la cárcel de Latacunga, declarando a la prensa que este centro está “a la vanguardia de América Latina” (Presidencia de la República, 2014).

El administrador del contrato de construcción de la cárcel de Latacunga, David Barahona, recomienda la construcción de una línea que conecte la planta de tratamiento de agua de Alcoceres (aldea de la provincia de Cotopaxi) hasta la cárcel de Latacunga. 

Según un informe posterior de la Contraloría, esto evidencia que los trabajos previos sobre el abastecimiento de agua se ejecutaron a pesar de que el contratista sabía que el agua que iba a extraerse de los pozos no era apta para el consumo (CGE, 2019). 

El medio de comunicación Plan V publica un reportaje sobre el abastecimiento de agua en la cárcel de Latacunga, en el que se recogen varios testimonios de las PPL, familiares y personal médico. Se descubre que las PPL, tras un año de habitar este centro, presentan afecciones en la piel (como hongos y alergias) y enfermedades intestinales debido a los altos niveles de arsénico en el agua. Esto lleva a que las familias tengan que suministrar agua embotellada por su cuenta, puesto que a pesar de las constantes alertas comunicadas a la Presidencia y a la Defensoría del Pueblo, no se ha obtenido una solución (Plan V, 2015). 

El representante de la constructora, José Hernán Villacis Yánez, y el Director de Administración de Contratos del SECOB suscriben el contrato “Construcción de la red de abastecimiento de agua potable para el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte Provincia de Cotopaxi desde la planta de tratamiento Alcoceres” con código CDE-SECOB-001-2015 por un monto de USD 807.903. (CGE, 2019).

Víctor Salvador Jaramillo Vivanco es designado como nuevo Director General del SECOB (El Universo, 2019).

El fiscalizador de la obra, Saúl Velasco, deja constancia que la planta de tratamiento de agua es para 3.800 PPL, advirtiendo que si existe un aumento en la población del centro se deberá modificar la capacidad de la planta para que pueda procesar una mayor cantidad de litros por día (CGE, 2019). 

Ocurre el primer amotinamiento en la cárcel de Latacunga, debido a que varias PPL manifestaron recibir maltratos por parte de las autoridades del centro. Este se pudo contener por un operativo con 400 efectivos policiales y militares (El Universo, 2015). 

El medio de comunicación El Comercio publica un reportaje sobre la cárcel de Latacunga, indicando que esta fue construida en una zona de riesgo de lahares, es decir, flujos de lodo que se se movilizan por las laderas de volcanes a gran velocidad y causan daños en la infraestructura cercana. Según el reportaje, esta zona de riesgo fue definida desde 2004 y tal información estaba en poder de la Secretaría de Riesgos. Sin embargo, esto no fue contemplado en el informe de factibilidad para la construcción de la cárcel, que costó USD 608.979 (El Comercio, 2015).

Con el fin de monitorear el trato y las condiciones de privación de libertad, la Defensoría del Pueblo realiza una visita a la cárcel de Latacunga. En el informe, destacan los siguientes datos:

• Varias celdas no cuentan con electricidad ni servicios higiénicos funcionales.

• La alimentación no es apropiada en calidad y cantidad, y no se respetan las necesidades especiales de las PPL que tienen condiciones de salud como diabetes o gastritis. 

• Los problemas de agua persisten, el suministro es insuficiente y su calidad no es óptima para el consumo humano. (DPE, 2016) 

Jacinto Armando Bohórquez Patiño es designado como nuevo Director General del SECOB (SECOB, 2017).

Lenín Voltaire Moreno Garcés, candidato por Alianza País, es posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. En su designación del gabinete ministerial, nombra a Rosana Alvarado Carrión como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Enma Fabiola Arévalo Ponce es designada como Directora General del SECOB (CIDOB, 2021).

El medio de comunicación Plan V publica un reportaje sobre la cárcel de Latacunga. En este, se describe que los problemas con el sistema de abastecimiento de agua prevalecen luego de 4 años de la inauguración del centro. Las PPL entrevistadas señalan que el agua es estrictamente racionada, y que solo está disponible en ciertos horarios. Esto ha producido deficiencias de higiene y enfermedades (Plan V, 2018). 

El presidente Lenín Moreno reforma el Decreto Ejecutivo No. 731, especificando que el SECOB tiene como objetivo principal contratar las obras de infraestructura que requieran las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional (Presidencia de la República, 2018).

El medio de comunicación El Universo publica un reportaje sobre la cárcel de Latacunga, destacando que costó USD 23,7 millones de dólares más, además de encontrarse en una lista de 523 obras con inconsistencias por resolver. Según cifras del SECOB, inicialmente se habrían presupuestado USD 46,7 millones para esta obra, pero se terminó pagando USD 70,4 millones al Consorcio Patria, contratista principal (El Universo, 2018). Según la Contraloría General del Estado, la obra terminó costando USD 83.818.396. Pese a esto, el centro continuó presentando dificultades en la calidad y cantidad de agua abastecida (CGE, 2019). 

Rosana Alvarado renuncia al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tras el anuncio de Lenín Moreno sobre suprimir esta entidad. Se designa a Victor Paúl Granda como ministro encargado (El Comercio, 2018). 

Jorge Miguel Wated Reshuan es designado por el Presidente Lenín Moreno como nuevo Director General del SECOB (El Comercio, 2017).

El ex vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, es trasladado desde la Cárcel 4 de Quito a la cárcel de Latacunga, debido a su condena por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht (El Comercio, 2018).

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 560, el presidente Lenín Moreno disuelve el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y lo sustituye por la Secretaría de Derechos Humanos. También se crea el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) para ejercer atribuciones sobre rehabilitación social, gestión de penas y medidas para personas privadas de la libertad. Se designa temporalmente como titular de ambas entidades a Ernesto Pazmiño Granizo (El Comercio, 2018).

Johe Luis Jaramillo Hurtado, anterior Subdirector del SECOB, asume la dirección del organismo tras la salida de Jorge Wated (El Universo, 2019). Wated pasaría a ocupar la presidencia de BanEcuador (BanEcuador, 2018).

El medio de comunicación El Comercio publica un reportaje sobre la falta de agua en la cárcel de Latacunga luego de casi 5 años de funcionamiento, problema agravado por el hacinamiento de 17% en este centro (El Comercio, 2019). 

La defensa del exvicepresidente Jorge Glas solicita su traslado a la cárcel 4 de Quito, debido a que, entre otros aspectos, en la cárcel de Latacunga no se cuenta con un suministro de agua potable (Notimundo, 2019). 

Tras varios estallidos violentos en el sistema penitenciario por disputas internas en los centros de rehabilitación social, Lenín Moreno declara estado de excepción en el sistema penitenciario. Al momento, este tiene un hacinamiento general de 40% (Ecuador Chequea, 2019). 

El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas Cerda, anuncia que el Municipio de Latacunga dotará de agua potable a la cárcel de Latacunga con dinero propio, señalando que el SNAI debería asumir estos gastos, pero esto no ha sucedido, por lo que el Municipio definirá un presupuesto por cuestiones humanitarias. Además, afirma que la cárcel debería ser clausurada debido al estado de su infraestructura (La Hora, 2019). 

Ocurre un nuevo amotinamiento en la cárcel de Latacunga, en el que las PPL toman las instalaciones del centro exigiendo que se provea de agua de calidad, mejor alimentación y aumento de horarios de visita (El Comercio, 2019).

El presidente Lenín Moreno nombra a René Edmundo Tamayo Silva como nuevo Director General del SECOB (Diario Correo, 2019). Paralelamente, diario El Universo publica una nota sobre un presunto esquema de coimas y sobornos en el SECOB durante las gestiones anteriores (El Universo, 2019).

El equipo técnico de la Contraloría General del Estado constata que la planta de tratamiento de agua de la cárcel de Latacunga no está funcionando. Además, no cuenta con la capacidad requerida debido a que, al momento, en la cárcel de Latacunga existe una población de 5.578 PPL según datos del SNAI, y la planta solo tiene capacidad de tratamiento para 3.800 PPL (CGE, 2019).  

El equipo técnico de la Contraloría General del Estado realiza una visita general a la cárcel de Latacunga, donde determina que tras cinco años de operaciones, la infraestructura del centro presenta una falta de mantenimiento. Además, identifican que varios trabajos de electrónica y energía se ejecutaron sin haber cumplido con especificaciones técnicas, y pese a esto, fueron pagados por el contratista. Según la Contraloría, los pagos excesivos llegaron a USD 101.277 en rubros electrónicos y USD 359.817 en sistemas de grabación y video. La información recabada es incluída en el examen especial desarrollado por la Contraloría. (CGE, 2019).

En el marco del examen especial de la Contraloría, el administrador del contrato de construcción declara al equipo de auditoría que los esfuerzos por dotar de agua a la cárcel de Latacunga no tuvieron los resultados esperados pese a haberse ejecutado con equipos y mano de obra especializada (CGE, 2019).

En una nueva comunicación hacia el equipo de auditoría de la CGE, el administrador del contrato de construcción expresa que no había forma de determinar la calidad del agua sin perforar los pozos. Sin embargo, según la Contraloría, esto no justifica que no se hayan hecho perforaciones previas antes de construir los pozos para poder determinar la calidad del agua y por ende la factibilidad de construir los pozos (CGE, 2019).

El fiscalizador Saúl Velasco, en justificación para la construcción de los pozos, manifiesta que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos así como el SECOB tomaron la decisión de trasladar a 1500 PPL a la cárcel de Latacunga antes de que su infraestructura estuviera lista, lo que tuvo como consecuencia la necesidad de identificar alternativas para resolver el problema del suministro de agua. Sin embargo, la construcción de los pozos se realizó antes de que la cárcel de Latacunga comenzara a ocuparse (CGE, 2019).  

El representante del Consorcio Patria, Edward Becerra Calderón, comunica al equipo de auditoría de la CGE que no era responsabilidad de la contratista verificar que el agua era apta para el consumo humano, debido a que sus obligaciones principales son la construcción y ejecución (CGE, 2019).  

Se publica el examen especial de la Contraloría General del Estado a los procesos de contratación relacionados con la cárcel de Latacunga con código DPCPX-0014-2020. Se resaltan los siguientes hallazgos del informe: 

• Los Términos de Referencia para la construcción de la cárcel de Latacunga se encontraban incompletos, dado que no contemplaban el abastecimiento de agua de este centro. 

• El contratista ejecutó la construcción y perforación de pozos de agua para abastecer a la cárcel, a pesar de conocer previamente que el agua que iba a extraerse de estos no cumplía con los límites permitidos para consumir. Se suscriben dos contratos complementarios, el primero con un monto de USD 13.249.010 y el segundo con un monto de USD 2.312.362. Sin embargo, aún después de esto, el centro continuó teniendo problemas con el abastecimiento de agua.

• Se cancelaron en exceso varios rubros electrónicos que no cumplían con especificaciones técnicas, sumando USD 236.741 por sistemas de video, USD 101.277 por sistemas electrónicos, y USD 21.798 por sistemas de electricidad. Estos pagos en exceso llegaron a sumar USD 359.817. 

• El equipo de fiscalización no contaba con la experticia ni con la cantidad de personal requeridas para esta obra, sin embargo, USD 483.924 se destinaron a sus remuneraciones. 

• Se autorizaron incrementos de cantidades de la obra sin contar con certificación presupuestaria, es decir, sin saber si se contaba con los recursos para esto. Las planillas de excedentes sumaron un monto de USD 11.644.919. Según la investigación de la Contraloría, el fiscalizador cobró un porcentaje de este excedente.

• La obra de agua potable fue fiscalizada por un profesional de la arquitectura, siendo que debía ser fiscalizada por un profesional de la ingeniería civil. Esto no permitió que los trabajos se desarrollen en igualdad de conocimientos técnicos entre el fiscalizador y el contratista.  

• El Contratista faltó a sus jornadas laborales durante 121 días sin justificación por parte del fiscalizador y el administrador del contrato. Ante esto, correspondía una multa de USD 1.028.253 para el contratista y una de USD 46.205 para el fiscalizador, que no fueron aplicadas. 

• En el contrato “Construcción de la red de abastecimiento de agua potable para el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte Provincia de Cotopaxi desde la planta de tratamiento Alcoceres” se cancelaron USD 15.721 por un rubro denominado “Cama de arena h=0,10m2” que no fue ejecutado por el contratista, ni fue notificado por el fiscalizador.

• No se registró información relevante de los contratos de obra y fiscalización de la cárcel de Latacunga en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, obstaculizando la auditoría sobre este proceso.

El presidente Lenín Moreno suprime el SECOB mediante el Decreto Ejecutivo 1063, delegando todas sus funciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La entidad se elimina en medio de un proceso de disolución de empresas y entidades públicas por motivos de austeridad en el contexto de la pandemia del COVID-19 (El Comercio, 2020).