Más de 160 ex trabajadores intermediados de la CERVECERÍA NACIONAL S.A. (CN) y sus empresas intermediarias SUDEPER S.A., MASFESA S.A., CASDASE S.A., PERCANEL CIA. LTDA y SOLTRADE CIA. LTDA. solicitan ante el Director Regional de Trabajo del Litoral de Guayaquil el pago de utilidades que no habrían sido canceladas a los ex trabajadores de la Cervecería entre 1990 y 2005 (SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018).

La Constitución de Montecristi de 2008 se publica en el Registro Oficial No. 449 y esta entra en vigencia.a Constitución de Montecristi de 2008 se publica en el Registro Oficial No. 449 y esta entra en vigencia.

El Tribunal Constitucional (TC) cesa en sus funciones y sus miembros constituyen la Corte Constitucional (CC) Transitoria. Este cambio de institucionalidad se realiza interpretando el artículo 429 de la Constitución de Montecristi, según el cual la CC es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) realiza una evaluación sobre el caso de los extrabajadores intermediarios, y fija la supuesta deuda de la Cervecería con los extrabajadores en  USD 90,9 millones. A la fecha el número de ex-trabajadores demandantes ascendía a 1200. (El Comercio, 2011).

El Director Regional de Trabajo del Litoral dispone el archivo del expediente laboral abierto a raíz de la solicitud de los ex trabajadores, bajo el argumento de que el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) no es el órgano competente para resolver controversias sobre  la titularidad del derecho a percibir utilidades por parte de un trabajador (SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018).

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa Guzmán,  niega el recurso administrativo de apelación interpuesto por los ex trabajadores, argumentando también la falta de competencia por parte del MRL para resolver la existencia o no de un derecho individual a percibir utilidades. Según el MRL le corresponde a los jueces del trabajo resolver sobre este asunto (SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018).

El señor Eduardo Cervantes Ronquillo, ex trabajador de la Cervecería, presenta una acción de protección en contra de la resolución dictada por el ministro de relaciones laborales, en la cual niega el recurso de apelación por no tener competencia  en el caso. Cervantes argumentó la vulneración del derecho a la igualdad, considerando que el mismo Ministerio había tramitado y resuelto en el año 2007 un reclamo presentado por los ex trabajadores intermediarios de la empresa HOLCIM S.A. declarando a su favor el pago de utilidades no canceladas por la empresa. También argumentó una vulneración del derecho al trabajo y, dentro de este, el derecho a las utilidades que debieron recibir los ex trabajadores intermediados entre 1990 y 2005. En su acción de protección, Cervantes argumenta que la Cervecería debía pagar el 15% de las utilidades a sus trabajadores, pero que la empresa reportaba cero trabajadores al tener los servicios tercerizados, situación que según las leyes de la época era ilegal.

En este marco, Cervantes solicita al juez constitucional declarar la nulidad de la resolución dictada por el Ministro de Relaciones Laborales y se dicte una nueva resolución respetando los derechos antes referidos. (SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018).

Pedro Iriarte, Juez XII de lo Civil del Guayas, dentro de la acción de protección interpuesta por Eduardo Cervantes, dicta sentencia y resuelve que:

• El ministro de Relaciones Laborales vulneró los derechos a la igualdad, al debido proceso y seguridad jurídica del peticionario.
• Dejar sin efecto la resolución administrativa dictada por el ministro el 7 de julio de 2010.
• Ordenar que el Ministro de Relaciones Laborales dicte, dentro del mismo procedimiento, la resolución que ordene y ejecute el pago de las utilidades reclamadas, tal como lo hizo el mismo Ministro en el caso de HOLCIM S.A. (SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018).

Alfredo Larrea, hermano de Arturo Larrea (secretario de la CC), firma un contrato de prestación de servicios profesionales con la Cervecería Nacional, el cual fue registrado en la Notaría Vigésima de Guayaquil. Según diario El Comercio, el contrato encomendaba a Larrea la defensa legal de la empresa cervecera frente a la acción de protección interpuesta por los ex trabajadores presentada en el Juzgado XII de lo civil del Guayas. En cuanto al precio de los servicios, en el contrato se señala que la empresa pagará a Alfredo Larrea el 0,8% de los más de USD 90 millones exigidos por los demandantes, es decir USD 720 mil. Se señala además que, el 70% del monto (USD 504 mil) debía ser cancelado el día de la firma del contrato. (El Comercio, 2011).

La Cervecería Nacional, en calidad de tercero interesado interpone un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Juez XII de lo civil del Guayas, argumentando que no se citó a la compañía en el marco del proceso, ni se le permitió ejercer su derecho a la defensa (SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018).

El juez primero de Tránsito de Pichincha, César Fabara, suspende las medidas cautelares dictadas por la Jueza Piedad Calva, en el marco de una acción judicial presentada por la Cervecería Nacional. Asimismo, Fabara envía el caso a la Corte Constitucional, al existir una contradicción entre fallos de la misma materia.  (El Comercio, 2011).

El Ministerio de Relaciones Laborales interpone un recurso de apelación sobre la sentencia dictada por el juez Pedro Iriarte, argumentando que ni el juez constitucional ni el MRL son las autoridades competentes para determinar un derecho a favor de los trabajadores, más aún si el derecho no ha sido discutido y conferido a través de un proceso judicial y ante los jueces competentes. En la misma fecha, el ex trabajador Eduardo Cervantes interpone un recurso de apelación donde solicita a la Corte Provincial disponer que, ante la posible omisión del MRL para dictar la resolución ordenada, sea el propio juez constitucional quien resuelva el pago del 15% de las utilidades en favor de los ex trabajadores (SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018).

La jueza del juzgado noveno de la Familia y Niñez del Guayas, Piedad Calva Castillo, ordenó medidas cautelares en contra de la Cervecería en el marco de una demanda planteada por el Sindicato de Trabajadores para asegurar el pago de utilidades. Entre las medidas cautelares dictadas se encuentran:

• La retención de los depósitos de la Cervecería  en los bancos hasta por USD 90,92 millones
• La prohibición de vender las acciones del grupo SABMiller Latin American Limited, multinacional dueña del 94,36% de las acciones de Cervecería, 
• La retención de las marcas de cerveza Pilsener y Club, así como la suspensión del uso, explotación, venta, exportación y distribución de estos productos. (El Universo, 2010).
• La prohibición de salida del país de 5 directivos de la Cervecería Nacional: Roberto Jarrín Tamayo, presidente de Cervecería Nacional, Mauricio Patiño Aranda (colombiano) y Sandra Rivillas Garzón (peruana), ambos representantes legales suplentes de Cervecería, Luis Guillen Ibáñez, vicepresidente de mercadeo y Martha Fabiola Mata Torres, directora de ventas (La Hora, 2010).

Diario La Hora recoge las declaraciones del dirigente Eduardo Cervantes, quien denunció que tras la resolución del juez Pedro Iriarte, de ordenar el pago de las utilidades tal como ocurrió con el caso de los ex trabajadores de Holcim, Alexis Mera Giler, secretario jurídico de la Presidencia, habría llamado y solicitado al juez Iriarte que no se meta con el Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza. (La Hora, 2010).

Cervecería Nacional suspende la producción, comercialización y distribución de las marcas Pilsener y Club, acatando la orden de la jueza Piedad Calva.  En rueda de prensa, el Presidente de la Cervecería Nacional expresó que esta suspensión implica “no vender, reducir la fuerza de empleo y separar a un grupo de trabajadores de la empresa o enviarlos a vacaciones obligadas”. (El Comercio, 2010).

Mediante rueda de prensa, José Serrano Salgado, ministro de justicia, Nathalie Cely Súarez, ministra coordinadora de la producción y Verónica Sión de Josse, ministra de industrias, anunciaron que el gobierno iniciará una investigación por el fallo judicial que ordena las medidas cautelares a la Cervecería Nacional. Según Serrano, se investigan posibles intereses corporativos de bufetes de abogados del caso. (Diario La Hora, 2010). La ministra Cely, señala que la medida perjudica al Estado porque la Cervecería dejaría de realizar el pago de impuestos y la cancelación de haberes a los proveedores. Además, Cely cuestionó la proporcionalidad de las medidas cautelares. (El Universo, 2010). Por su parte, la Ministra Sión expresó que de persistir el cierre de operaciones alrededor de 1,500 trabajadores no estarían recibiendo sus salarios. (Diario La Hora, 2010).

Al ser consultado del caso, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, expresa: “Estos trabajadores son unos sinvergüenzas que han engañado a unos pobres trabajadores con unas órdenes prescritas y quieren a toda costa, quién sabe con qué fines. Que demanden judicialmente si quieren conseguir las cosas, pero no a la rápida y traficando influencias. Son unos sinvergüenzas.” (El Universo, 2010).

Por su parte, Roberto Sánchez, secretario del Sindicato de Trabajadores que pidió las medidas cautelares contra la Cervecería Nacional, cuestionó el pronunciamiento del gobierno en un asunto legal. Además, Sánchez acusa a Alexis Mera, de impedir una resolución favorable a los ex trabajadores, ya que según Sánchez  este habría laborado como abogado de la Cervecería años atrás. Sanchéz expresó que “Ellos piensan que la jueza se ha vendido a nosotros y lo que ella ha hecho es justicia.” (El Universo, 2010).

Según Diario La Hora, los ex trabajadores de la Cervecería criticaron la actitud de Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, quien según ellos en un inicio reconoció mediante un escrito que el problema era competencia del Ministerio de Trabajo, pero “ahora dice lo contrario”. (La Hora, 2010).

Mientras tanto, desde la Función Judicial se registran reacciones ante los comentarios del oficialismo. La presidenta de la Corte Provincial del Guayas, María Leonor Jiménez, consideró el pronunciamiento del gobierno, a través de sus ministros, sobre el fallo emitido por el Juzgado Noveno de la Familia y Niñez, como un “irrespeto” e “interferencia” a la Función Judicial. Para Jiménez, el gobierno debió evitar un pronunciamiento del caso y mencionó: “Esto es una impertinencia hasta infantil que se pronuncien así, en abierta, ¿osea que ellos están parcializados?” (El Universo, 2010).

El juez vigésimo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández, ordena a la Superintendencia de Bancos la liberación de las cuentas de la cervecería y dicta la reanudación de las actividades de producción y comercialización de las marcas Club y Pilsener, levantando de forma parcial las medidas cautelares impuestas a la empresa cervecera (El Comercio, 2010).

El Estudio Jurídico Larrea-Haro, en representación de Cervecería, envía un oficio a la Corte Constitucional solicitando que resuelva el proceso remitido por el juez de tránsito César Fabara. Este documento es firmado por Sylvia Haro, esposa de Alfredo Larrea, hermano del secretario de la Corte Constitucional Arturo Larrea (El Comercio, 2011).

La sala de selección de la Corte Constitucional, integrada por Patricio Pazmiño, Édgar Zárate y Patricio Herrera, expide un fallo señalando que unirán los dos casos de Guayaquil (el del Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas y el del Juzgado Noveno de la Niñez de Guayaquil) con el de Quito (el del Juzgado Primero de Tránsito), para que sea de conocimiento del Pleno. (El Comercio, 2011).

El Pleno de la Corte Constitucional sortea el caso y lo envía a la sala de revisión, integrada por Patricio Pazmiño, Hernando Morales y Manuel Viteri. Los magistrados confirmaron que existía una contradicción o “antinomia jurisdiccional”, por lo que el Pleno de la Corte debía dirimir si cabía o no la acción de protección de los ex empleados de la Cervecería. (El Comercio, 2011) Por su parte Pazmiño aseguró que “No lo niego, impulsé la resolución y lo hice para marcar un precedente para que los abogados y jueces no abusen de los amparos de protección constitucionales.” (El Comercio, 2011).

Cervecería Nacional realiza el pago de un cheque a Alfredo Larrea, hermano del secretario de la CC Transitoria, por USD 500 mil. Ese día, Larrea entregó a la Cervecería la factura no. 0000102. Sin embargo, según un comunicado de prensa de la Cervecería Nacional, la factura fue pagada el 1 de febrero de 2011, por USD 555.555, como anticipo a honorarios profesionales según el contrato del 27 de octubre. (El Comercio, 2011).

El presidente Rafael Correa acude a la Corte Constitucional para hacer la entrega del proyecto de referéndum constitucional y consulta popular, para que sea revisado y avalado por esta institución.

El proyecto referéndum constitucional contiene 5 preguntas relativas a: la caducidad de la prisión preventiva; la sustitución de las medidas cautelares alternativas; la prohibición de que los directores y principales accionistas instituciones financieras y de medios de comunicación privados tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional; y la reestructuración de la Función Judicial.

Asimismo, el proyecto de consulta popular contiene 5 preguntas sobre: la consideración del enriquecimiento privado no justificado como delito autónomo en el Código Penal, además de la consideración de la no afiliación al IESS de los trabajadores con relación de dependencia como infracción penal; la prohibición de negocios dedicados a los juegos de azar; la prohibición de espectáculos que tengan la finalidad de dar muerte al animal y la expedición de una Ley de Comunicación.

La Corte Constitucional suspende las medidas cautelares en contra de la Cervecería Nacional y remite el expediente al juez Miguel Ángel Naranjo, quien en ese momento reemplazaba al juez Alfonso Luz Yunes, ausente por licencia. (El Comercio, 2011).

Alfredo Larrea entregó a la Cervecería la factura No. 0000106 donde consta un valor de USD 550.555, a la que se le agrega el pago del IVA por USD 66.667 que suma USD 622.222, según la factura, cuyo monto es incorrecto ya que los dos valores suman en realidad USD 617.222. (El Comercio, 2011).

El juez Miguel Ángel Naranjo presentó al Pleno de la Corte un proyecto de fallo donde se dejaban sin efecto todos los procesos seguidos en el caso cervecería (El Comercio, 2011). Ese día, Arturo Larrea, habría presionado a su secretario, Víctor Dumani, para que firmara el informe que se presentaría al Pleno al día siguiente. Dumani se habría negado a firmar por no cumplirse con la formalidad de que exista la firma previa de Miguel Naranjo, vocal alterno. Larrea personalmente habría solicitado la firma a Dumani para ganar tiempo, aunque este se volvió a negar. Larrea le habría obligado a trasladarse a la Superintendencia de Bancos donde se encontraba Naranjo, para que ambos firmaran el informe.

Los jueces de la Corte Constitucional Patricio Pazmiño, Patricio Herrera, Édgar Zárate, Roberto Bhrunnis, Nina Pacari y Ruth Seni, aprueban el proyecto de fallo de Miguel Ángel Naranjo. (El Comercio, 2011). De esta forma, dejan sin efecto las causas constitucionales que se tramitaron en los juzgados del país en el caso de la Cervecería vs los extrabajadores. La Corte Constitucional señala que la justicia ordinaria, y no la Corte Constitucional, deberá resolver los litigios laborales por las supuestas utilidades impagas de la Cervecería a sus extrabajadores. La CC argumentó que los jueces que tramitaron las acciones de protección y que dictaron medidas cautelares, convirtieron un tema jurisdiccional en constitucional. Además, se advierte a los administradores de justicia abstenerse de pronunciarse sobre el caso, aunque se mantiene el derecho de las partes para iniciar las acciones que crean convenientes ante la justicia ordinaria. El mismo día, el asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, denuncia el pago de un cheque por parte de la Cervecería Nacional, como una supuesta coima para lograr un fallo favorable para la Cervecería (El Comercio, 2011).

Galo Lara oficializa su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Lara denuncia por cohecho a los nueve jueces de la Corte Constitucional, a Arturo Larrea, Secretario de la CC Transitoria y a su hermano, Alfredo Larrea, abogado de la Cervecería Nacional. (El Comercio, 2011) En la denuncia, Lara afirma que Alfredo Larrea depositó un cheque de la Cervecería Nacional por USD 500.000 en su cuenta corriente y luego de cuatro días sacó USD 200.000 en efectivo por ventanilla de una agencia bancaria. Lara también reporta el depósito de dos cheques adicionales en la cuenta de Alfredo Larrea, por USD 500.000 y USD 50.000, que según el asambleísta fueron anulados para prevenir la fuga de información. (El Universo, 2011) En respuesta a la denuncia, los jueces de la CC Transitoria, Édgar Zárate y Nina Pacari exigen una investigación interna a la Corte Constitucional. Pacari también expresa que la sentencia del caso de la Cervecería fue trabajada y estudiada con responsabilidad, tomando en cuenta que el informe preliminar es entregado a los jueces faltando 24 horas para la sesión del Pleno. Por su parte, Alfredo Larrea se niega a dar declaraciones a medios de comunicación. (El Universo, 2011).

Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Cervecería Nacional, niega ante medios de comunicación la denuncia de Galo Lara. Segura expresa que el pago realizado a Alfredo Larrea “no tiene vinculación con el caso, Larrea es parte de uno de los bufetes de abogados que contratamos para darnos servicios en diferentes áreas de derecho”. (El Comercio, 2011).

El Fiscal General, Washington Pesántez anuncia el inicio de la investigación por presunto cohecho en el caso (El Universo, 2011). Por otro lado, el Contralor General, Carlos Polit, dispone que un equipo del ente contralor abra investigaciones a los funcionarios de la Corte Constitucional. (El Comercio, 2011).

Los nueve jueces de la CC, encabezados por su presidente, Patricio Pazmiño, se reúnen en la institución y hacen público su rechazo a las acusaciones formuladas por Lara. Horas más tarde, los jueces autorizaron a la Fiscalía y a la Contraloría investigar sus cuentas y realizar un examen de auditoría (El Comercio, 2011).

Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional Patricio Pazmiño, expresó en rueda de prensa que la responsabilidad de probar el delito la tiene el asambleísta Lara, porque a ellos no les corresponde probar su inocencia. Sobre la sentencia, según Pazmiño "ese caso se estudió por la indebida utilización de las garantías jurisdiccionales de los jueces ordinarios... se trató de cubrir aspectos constitucionales con aspectos de legalidad”. (El Universo 2011). Pazmiño expresa que el proceso no debió dejar de ser judicializado para convertirlo en un tema constitucional. Por tanto, la causa debió haberse seguido en la vía normal, esto es a través del Ministerio de Relaciones Laborales. (El Comercio, 2011).

Por otro lado, Galo Lara afirma que resulta sospechoso que una empresa prestigiosa contrate a un abogado que tiene apenas un mes de ser profesional del Derecho, de una universidad a distancia. Según Lara "cuando el caso de la Cervecería Nacional inició su trámite en la CC, Alfredo Larrea, hermano del secretario de la Corte Constitucional, aún no era abogado, ya que su incorporación se registró el 28 de diciembre del 2010". También dijo que "La Cervecería Nacional armó un contrato para justificar los recursos entregados". (El Universo, 2011).

La Fiscalía General solicita al Servicio de Rentas Internas (SRI) copias certificadas del RUC y declaraciones del Impuesto a la Renta de los últimos tres años del Secretario de la CC Transitoria Arturo Larrea. Solicita además a la Superintendencia de Compañías datos generales, nómina de accionistas y representantes legales de Cervecería y sus estatutos. Además, la Fiscalía convoca a rendir versión a Galo Lara el 9 de febrero de 2011 y a Arturo Larrea un día después (El Comercio, 2011).

El mismo día, en declaraciones a un medio radial de Guayaquil, Galo Lara reporta que, de acuerdo con una declaración patrimonial de Patricio Pazmiño, de mayo de 2007, este mantenía una cuenta por pagar por un valor de USD 35,000 a favor de Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la CC Transitoria. Según Lara, esta es otra prueba del supuesto cohecho del caso del fallo de la Corte Constitucional Transitoria en relación a la Cervecería. Asimismo, reiteró que Alfredo Larrea obtuvo su título de abogado recién el 28 de diciembre de 2010, de la Universidad Católica de Cuenca, a distancia. Por otro lado, Lara expresa que esta denuncia en contra de los jueces de la Corte Constitucional, le quita la calidad moral y ética al tribunal para aprobar las preguntas de la consulta popular impulsada por el Presidente Rafael Correa. (El Universo, 2011).

En declaraciones a Teleamazonas Arturo Larrea expresó lo siguiente: “Expreso mi total rechazo a las mismas (acusaciones). En ningún momento a lo largo de mi labor profesional aquí en la Corte ha estado bajo mi responsabilidad tomar decisión alguna en la causa que se ha presentado en la institución”. (Teleamazonas, 2011)

Por su parte, en declaraciones a Teleamazonas, se le consultó a Alfredo Larrea sobre la supuesta deuda por USD 35,000 que éste mantendría con Patricio Pazmiño. Larrea no supo despejar la duda y respondió: “Es una… mire… en alguna ocasión, este hicimos… osea convenimos hacer un patrocinio. Yo realmente no recuerdo, no recuerdo con exactitud sobre el hecho que usted me menciona, pero… no, no, no le puedo contestar…”. Además, afirmó que Cervecería Nacional aún le adeuda una parte de sus honorarios por consultoría (Larrea, 2011).

El asambleísta Galo Lara acude ante la Fiscalía a rendir su declaración. Lara ratificó su denuncia en contra de Alfredo Larrea y los cheques que este habría recibido, pero que después habrían sido anulados. También denunció que Alfredo Larrea Jijón ha declarado cero impuestos en los ejercicios Fiscales de los dos últimos años y aseguró que Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, mantiene una deuda con Larrea por USD 35.000 según su declaración de bienes. (El Comercio, 2011) Lara también expresó que "Los representantes de Cervecería deben ser llamados, porque sabían para qué era ese dinero" (El Universo, 2011)

El mismo día se registran manifestaciones de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, a quienes se unieron los ex-empleados de Coca Cola, exigiendo la renuncia de los jueces de la Corte Constitucional. Carlos Lucero, abogado de los ex trabajadores de la Cervecería, declaró que “La Cervecería Nacional no ha desmentido que realizó el pago. La CN ha bajado el tono de su agresividad y publicidad, y más bien está teniendo una actitud pasiva, como “mea culpa”.

Además, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional convoca al Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, para que informe sobre la situación de los ex trabajadores a quienes no se les ha cancelado las utilidades. (El Comercio, 2011).

Alfredo Larrea Jijón debía acudir a rendir su declaración ante la Fiscalía. Sin embargo, su defensa envía un escrito solicitando el cambio de fecha. Por otra parte, los ex trabajadores de Cervecería presentaron un escrito solicitando a la Corte Constitucional anular el proceso argumentando que no tuvieron derecho a la defensa y que la forma en que la Corte tomó el proceso de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas no fue la correcta. De la misma forma, Manuel Viteri, juez de la Corte Constitucional, solicitó a seis de los vocales de la Corte, incluido su presidente, a desconocer el caso y dejar que otros jueces lo manejen. (El Comercio, 2011)

El mismo día, el juez de la CC, Alfonso Luz Yunes, reporta más irregularidades del caso de Cervecería Nacional dentro de la Corte. En un escrito dirigido a diario El Universo, Luz solicita la destitución inmediata del Secretario Arturo Larrea Jijón.

Además denuncia que se aprovechó su licencia de vacaciones (entre el lunes 24 de enero hasta el 2 de febrero) para sortear el caso de la Cervecería. Según Luz, el sorteo del caso se habría realizado el 20 de enero de 2011, en la sesión donde se dejó sin efecto las medidas cautelares impuesta a la Cervecería, y de acuerdo al sorteo le hubiese correspondido a él realizar el proyecto de informe. Sin embargo, el Pleno decide pasar el caso a su alterno Miguel Naranjo, quien finalmente firmó el informe que generó la polémica. Luz mencionó que el 2 de febrero, un día antes de que él se reincorpore a sus labores, Arturo Larrea habría presionado a su secretario, Víctor Dumani para que firmara el informe que sería conocido por el Pleno de la Corte al día siguiente. Dumani se negó a firmar porque no se cumplía con la formalidad de que exista la firma previa del vocal alterno, Miguel Naranjo. Larrea habría sugerido personalmente a Dumani que, para ganar tiempo, firmara la sentencia. Dumani se volvió a negar, por lo que Larrea le ordenó trasladarse a la Superintendencia de Bancos donde Naranjo se encontraba, con el fin de que ambos firmen el informe. Alfonso Luz también cuestiona la forma despótica y autoritaria con las que, según él, Patricio Pazmiño maneja las sesiones del Pleno. (El Universo, 2011)

El vicepresidente de la Corte Constitucional, Édgar Zárate, declaró no estar de acuerdo con que se tomen acciones en contra del secretario Arturo Larrea, ya que las acusaciones estarían basadas solamente en suposiciones, más aún si el fallo no ha sido notificado.

El mismo día un grupo de extrabajadores, liderado por Carlos Lucero, acude a la Asamblea Nacional a protestar. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea los recibe. Los ex-trabajadores presentan un pedido, con 15 mil firmas de respaldo, para que el Pleno exija la renuncia de los magistrados de la Corte Constitucional, e investigue a Alexis Mera, a quien acusó de influenciar en el fallo en favor de la cervecera. Lo anterior basado en que Mera supuestamente habría representado a la Cervecería Nacional en 2004. (El Tiempo, 2011)

Por su parte Abdala ‘Dalo’ Bucaram también acusa a Alexis Mera de tráfico de influencias en el caso. (El Comercio, 2011)

Por propuesta del juez Zárate, en sesión extraordinaria, la Corte Constitucional por unanimidad deja sin efecto la cuestionada resolución del 3 de febrero de 2011. En consecuencia, los trámites de los procesos contra la Cervecería regresan a los juzgados constitucionales de primer nivel, reactivando los procesos que se iniciaron en los juzgados Décimo Segundo de lo Civil del Guayas, Noveno de la Niñez y Primero de Tránsito de Pichincha. Ante esas instancias, según Patricio Pazmiño, las partes (trabajadores y empresa cervecera) podrán defenderse. Pazmiño no descartó que los procesos regresen nuevamente a la Corte Constitucional.

Durante la sesión del Pleno, los vocales Morales, Luz Yunes y Viteri realizaron reclamos en contra del presidente, Patricio Pazmiño, por el manejo deficiente de las denuncias de corrupción en la Corte. Dichos vocales presentaron un pedido de destitución del secretario de la Corte, Arturo Larrea, pero este no fue aprobado por el Pleno. (El Universo, 2011)

Según Pazmiño, el escándalo responde a "una campaña infame que tiene claros intentos políticos y oscuros intereses porque la Corte está a horas de pronunciarse sobre un hecho trascendental para el país, como es la convocatoria a un referéndum y consulta popular del Gobierno".

El mismo día, Alfredo Larrea Jijón acude a la Fiscalía a rendir su versión del caso. Larrea entrega su declaración por escrito. (El Comercio, 2011)

La Cervecería Nacional publica un comunicado de prensa en reacción a las acusaciones en su contra, con el tituló “Basta ya, que quede claro de una vez por todas”, donde expresa su indignación por la distorsión de los hechos realizada por el asambleísta, misma que pone en entredicho la reputación de una empresa con una trayectoria de más de 123 años de apoyo al desarrollo nacional. También recalcan que continuarán “defendiendo sus intereses y respetando las decisiones judiciales”. Por otro lado, expresan que “la Cervecería no va a ser parte de ningún juego político, ni se presta como plataforma de las ambiciones del poder de nadie”. Finalmente, la empresa asegura que seguirá aportando al desarrollo del país y que se presentará de forma transparente ante las instancias necesarias, y agradece el apoyo de otras instituciones, proveedores y clientes. (Montalvo, 2016)

Abdala Bucaram Pulley, asambleísta del PRE, anuncia que impulsará un juicio político contra Alexis Mera por supuesto tráfico de influencias, conflicto de intereses e interferencia en el Poder Judicial. Bucaram asegura que Mera tiene conflictos de intereses, ya que fue abogado de la Cervecería Nacional. Por otro lado, según Bucaram señala que existió intromisión en el Poder Judicial por supuestas cartas remitidas a ministros y jueces "induciendo el pronunciamiento a favor de la Cervecería y no resguardando el derecho de los trabajadores". (El Universo, 2011) Además aseguró que también iniciará acciones en contra del Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, por no haberse pronunciado en el caso. (El Universo, 2011)

La Corte Constitucional otorga una licencia de 15 días al secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón, a petición suya para iniciar su defensa dentro de las investigaciones del caso (El Comercio, 2011). Ese día, la CC aprueba el proyecto de referéndum constitucional y consulta popular enviado por el presidente Correa el 17 de enero.

Por otro lado, se anuncia que el caso de los ex trabajadores retorna a la Tercera Sala de lo Penal del Guayas y lo reciben los jueces Robert Guevara Elizalde, Camilo Intriago González y Carlos Hoyos. Por su parte, los demandantes realizan constantes plantones exigiendo que el caso sea resuelto. (El Comercio, 2011)

Patricio Pazmiño pidió que se le retire la inmunidad a Galo Lara para que responda jurídicamente por sus acusaciones. “Estamos estudiando interponer una demanda por daño moral o injurias calumniosas a Galo Lara. Hoy inicia la campaña de defensa del honor, de la dignidad de mi familia y de mis hijos. Este individuo no va a irse por sobre la justicia, porque yo no voy a demostrar mi inocencia, él tiene que demostrar las acusaciones”. (El Comercio, 2011)

Este mismo día, Abdalá Bucaram Pulley oficializa el pedido de juicio político contra Mera, con el respaldo de 42 firmas legislativas. Por otro lado, Bucaram asegura que Mera ha iniciado una investigación y persecución a su esposa Gabriela Pazmiño. (El Universo, 2011)

La Fiscalía General del Estado solicita medidas cautelares en contra de Alfredo Larrea y se congelan sus cuentas bancarias. Galo Lara solicita públicamente a la Asamblea levantar la inmunidad de Patricio Pazmiño. Lara también pide en forma pública investigar a Stalin Raza Castañeda, ex asesor de Patricio Pazmiño, quien desde julio del 2010 ocupa el cargo de primer secretario en la Embajada de Ecuador en Argentina. Según Lara, Raza tiene desde hace tiempo un estudio jurídico en el edificio Monasterio Plaza, en forma conjunta con los hermanos Alfredo y Arturo Larrea Jijón, en cuyas oficinas se tramitaron los casos de la Corte Constitucional. (El Universo, 2011)

Alexis Mera responde a las acusaciones de Abdala Bucaram Pulley, tildando de “payaso y niño bobo”. (Diario La Hora, 2011)

Diario El Comercio revela más detalles de la supuesta relación entre los Larrea y Stalin Raza. Según este medio, Stalin Raza se acerca a Alianza País en 2006, cuando en calidad de abogado independiente presentó una denuncia contra contra la empresa E-Vote por supuestas fallas en el conteo rápido de votos durante la primera contienda electoral de Rafael Correa. Según El Comercio, Alfredo Larrea ingresó de la mano de Raza al entonces Tribunal Constitucional, en junio de 2007. Ambos se convierten en asesores de este órgano luego de que se designan a los nuevos consejeros. Sin embargo, Alfredo Larrea dejó el órgano constitucional al poco tiempo, en julio de 2007, para que su hermano Arturo Larrea, ingresara como Secretario del órgano constitucional. Arturo Larrea, fue recomendado a Patricio Pazmiño, por Raza, y así el Presidente de la CC incluyó su nombre en la terna para el Pleno.

Por su parte, Stalin Raza fue asambleísta alterno en Montecristi, luego pasó a la CC Transitoria y fue asesor de la Presidencia hasta 2010. Posteriormente pasó a la Embajada de Ecuador en Argentina. (El Comercio, 2011)

El director de Asuntos Corporativos de la Cervecería, Carlos Andrietta asegura que:

• El contrato de Alfredo Larrea se realiza por servicios de asesoría en asuntos laborales y constitucionales, donde hubo muchas ofertas.
• La empresa desconocía del parentesco de Alfredo Larrea con el secretario de la Corte Constitucional
• Los cheques a Larrea se pagaron con sus respectivas facturas y las fechas de cobro de los mismos y las fechas de las resoluciones de la Corte Constitucional son pura coincidencia.
• El monto del contrato se enmarca en la Ley.

El presidente de la Cervecería, Roberto Jarrín aseguró que: “Se actuó con buena fe y por eso se rechazan estas actitudes maliciosas. No se actuó ni bajo presiones ni políticas, todo fue apegado a las leyes”. Asimismo, expresó que “Se entregó toda la información relacionada con los contratos, cheques y facturas. Ahora hay que esperar los resultados de las investigaciones.” (El Comercio, 2011)

Según Diario La Hora, Cervecería Nacional habría presentado tres contratos:

• El primero con fecha del 8 de septiembre de 2010 por USD 150 mil para asesorar en el ámbito constitucional, laboral y civil.
• El segundo contrato data del 27 de octubre de 2010, por el 8% sobre 90 millones, es decir, USD 720 mil para asesorar, elaborar escritos, sustanciar y acompañar hasta el fin de la acción de protección que se ventila en Guayaquil.
• El tercero es del 25 de enero de 2011 con el mismo objeto del anterior contrato. Todos ellos fueron firmados por Roberto Jarrín, presidente de Cervecería Nacional y Alfredo Larrea. (Diario La Hora, 2011)

En declaraciones a Radio Democracia, Patricio Pazmiño aclara que, quien mantuvo una deuda con él por UDS 35,000 no es Alfredo Larrea Jijón, sino un homónimo. (El Universo, 2011) Más tarde, en declaraciones a Teleamazonas, Pazmiño nombra a Alfredo Larrea Cuenca como su deudor. Además, Pazmiño confirmó que Alfredo Larrea Jijón trabajó como su asesor por dos meses y se retiró cuando su hermano, Arturo, ingresó como secretario a la Corte Constitucional. Según Pazmiño, los hermanos habrían sido recomendados por Stalin Raza, su ex asesor. (Pazmiño, 2011)

Galo Lara exhibe la partida de defunción del año 2008 de Alfredo Larrea Cuenca, a quien Pazmiño había nombrado como su deudor. En sus declaraciones a Teleamazonas un día antes, Pazmiño omitió que Larrea Cuenca había fallecido años atrás. (El Universo, 2011)

Arturo Larrea Jijón, quien se encontraba con licencia con cargo a vacaciones otorgada por la Corte Constitucional, acude a rendir su versión a la Fiscalía General del Estado en Quito. Arturo señala que no renunciará a su cargo y que retornará a sus labores el 2 de marzo. Asimismo, declara ante los medios que su hermano deberá responder por sus actos y que su único vínculo son sus apellidos. (El Comercio, 2011) El mismo día se convocó a rendir versión a Silvia Haro Fiallos y a Jorge Badillo, secretario Técnico Jurisdiccional de la CC. Para el siguiente día se cita a Roberto Jarrín, representante legal de Cervecería Nacional y a Víctor Dumani, secretario del despacho del Juez Constitucional Alfonso Luz Yúnez. Por otro lado, se convoca a rendir versión para el 28 de febrero a Patricio Pazmiño, presidente de la CC. (El Comercio, 2011)

El presidente de la CC, Patricio Pazmiño, debía acudir a la Fiscalía a rendir su versión de los hechos. Sin embargo, este no se presentó y su abogado solicitó mover la fecha. Pazmiño habría mantenido ese día una reunión con José Serrano, ministro de Justicia, para hablar sobre los conflictos creados con la aplicación de los amparos constitucionales en el país. (El Comercio, 2011)

Se lleva a cabo una Audiencia Pública convocada por la Tercera Sala de lo Civil en Guayaquil. El evento provocó la reacción de los ex trabajadores, quienes se concentraron en las afueras de la sala para gritar barras en apoyo de su causa. En una audiencia de dos horas, donde asistieron representantes del Ministerio de Relaciones Laborales y de la Procuraduría General del Estado, así como el procurador común y representantes de los ex trabajadores y sus simpatizantes, se discutió sobre a quién le corresponde la competencia de resolver dicho conflicto laboral. Sin embargo, los abogados de la Cervecería Nacional, quienes solicitaron la audiencia, no se presentaron argumentando falta de seguridad. (El Comercio, 2011)

Lucio Gutiérrez y Galo Lara revelan una escritura oficializada en la Notaría Cuarta de Quito, donde consta la adquisición, en efectivo y al contado, de un inmueble por parte de Stalin Raza y Alfredo Larrea en el año 2009, en el edificio Monasterio Plaza de Quito, por un valor de USD 91,000. En el documento también constan como compradoras las esposas de ambos, Yolanda Marcillo y Sylvia Haro. Esta última había firmado uno de los escritos que presentó CN a la Corte Constitucional. (El Comercio, 2011)

Diario El Comercio proporciona más detalles sobre uno de los contratos firmados entre Alfredo Larrea y Cervecería Nacional:

• Fue firmado el 27 de octubre de 2010 y registrado en la Notaría Vigésima de Guayaquil, un día después de que el Juzgado XII de lo Civil del Guayas falle a favor de los ex trabajadores, ordenando el pago de las utilidades.
• El contrato encomendaba a Larrea la defensa legal de la empresa frente a la acción de protección que los ex trabajadores de CN presentaron.
• Sobre el precio de los servicios, el contrato señala que la empresa pagará al contratista 0,8% de los USD 90 millones exigidos por los demandantes, es decir, USD 720,000. Además, el 70% de ese monto (USD 504,000) debía ser cancelado a Larrea a la firma del contrato, es decir, el 27 de octubre. (El Comercio, 2011)

La Corte Constitucional remueve de su cargo como secretario del organismo a Arturo Larrea, tras una decisión unánime de los nueve jueces de la institución. La decisión se toma con base a la solicitud del juez Alfonso Luz basado en que Larrea supuestamente presionó a su secretario Víctor Dumani, para firmar el proyecto de resolución en el expediente de la Cervecería. En respuesta a su desvinculación, Arturo Larrea aseguró que “Voy a quedar desempleado por una serie de malos entendidos”. (El Comercio, 2011)

Asimismo, durante la sesión del Pleno se crea una Comisión para evaluar el trabajo de la Secretaría General de la Corte Constitucional. La comisión se conforma por los jueces Nina Pacari Vega, Alfonso Luz Yúnez, Édgar Zárate y Patricio Herrera, quienes elaborarán un informe en el plazo de 45 días con sus respectivas recomendaciones. (El Comercio, 2011) También se incluye en esta evaluación a la Secretaría Técnica Jurídica, la cual participó en la elaboración de los fallos que avalaron la realización de la consulta. (El Universo, 2011)

Durante la sesión algunos magistrados denuncian a Patricio Pazmiño por supuestas irregularidades en el manejo de la Corte Constitucional, como nepotismo y toma de resoluciones antes de que lleguen al Pleno. Los jueces  Pazmiño, Zárate y Bhrunis, argumentaron que en los fallos que adopta el Pleno de la Corte siempre hay diversidad en la votación y en muchas ocasiones unanimidad. (El Universo, 2011)

Patricio Pazmiño, no asiste a la Fiscalía General por segunda vez a rendir su versión. Según El Comercio, Pazmiño se habría reunido ese día con el presidente Rafael Correa para discutir asuntos internos de la entidad. (El Comercio, 2011)

La Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas resuelve: 

• Negar los recursos interpuestos por la Cervecería Nacional.
• Confirmar la sentencia dictada por el Juez Constitucional Pedro Iriarte Suárez, el 26 de octubre de 2010.
• Ordenar que Cervecería Nacional, o cualquiera de sus responsables, pague y deposite a las órdenes del juez la suma de USD 90’929.135,00, más los intereses de ley que serán determinados por un perito asignado por el Consejo de la Judicatura, en un plazo máximo de 48 horas. (SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018)

El fallo, se notifica a los abogados de las partes unos días después, el 9 de marzo de 2011.

La Cervecería Nacional publica un comunicado en los diarios El Universo, Expreso, Hoy, El Telégrafo y El Comercio, en donde explica la supuesta inconstitucionalidad de la sentencia y su efecto negativo en la seguridad jurídica de Ecuador. El espacio pagado consta de una página entera, y es titulado “Cervecería Nacional al país”. En este escrito se detalla que:

• Toda la sentencia es sospechosamente similar e idéntica a los argumentos utilizados por los demandantes.
• El fallo es un atropello a los derechos de la CN y de todos quienes la conforman, las más de 140,000 familias ecuatorianas que directa e indirectamente sostienen su economía a través de la venta y distribución de nuestros productos.
• La Cervecería Nacional está preocupada por las implicaciones que este abuso puede traer a sus empleados, distribuidores, clientes y consumidores, asimismo por las consecuencias que esta cadena de absurdos lleva para otras empresas grandes y pequeñas, locales y foráneas. (Montalvo, 2016)

Este fallo será remitido al Juez duodécimo de lo civil del Guayas, Pedro Iriarte, quien deberá fijar un perito para que establezca el monto de los intereses de las indemnizaciones impagas. (El Comercio, 2011)

Patricio Pazmiño acude a rendir su versión a la Fiscalía y afirma no haber asistido antes por compromisos oficiales. A su salida de la entidad, Pazmiño dijo: “Mi declaración ahora es parte del expediente procesal. Yo he venido a cumplir con mi obligación moral, ética y constitucional”.

Por otra parte, Galo Lara, quien estuvo presente en la declaración, aseguró que Pazmiño “no se acordaba quién tramitó el litigio de la Cervecería en la Corte, tampoco quiso explicar cómo contrató a Alfredo Larrea para que fuera su asesor en 2007 y no entregó ningún documento sobre la deuda que supuestamente mantiene con el homónimo Alfredo Larrea Cuenca. (El Comercio, 2011)

La Cervecería Nacional publicó un comunicado en la prensa titulado “Invocación pública de nuestro derecho-garantía a la resistencia”, donde se exponen todos los argumentos legales que afectaron a su reputación. Además, afirman que la sentencia en su contra es inejecutable, inconstitucional, ilegítima e injusta. (Montalvo, 2016)

La Cervecería Nacional despide a varios trabajadores del área operativa de la planta, ubicada en Daule, por “mala actitud” y por “generar rumores desestabilizadores”. Esto lo denunció Eduardo Cervantes, en representación de los ex trabajadores, quien señaló que unos 50 empleados habrían sido separados “por no querer firmar unas hojas en blanco en las que debían consignar su apoyo al actual representante de los empleados, Gonzalo Balladares”. Según Balladares, los despedidos serían solo 17 personas por “mala actitud”. (El Diario, 2011)

Se publica un comunicado de prensa firmado por distribuidores y franquicias oficiales de las marcas de Cervecería Nacional, titulado “Estamos amenazados”, donde se destaca lo siguiente:

• El bienestar social y económico de 1.500.000 ecuatorianos que dependemos directa e indirectamente de la producción, distribución y comercialización de los productos de Cervecería Nacional está amenazado.
• Como distribuidores y franquiciados generan trabajo a más de 1.800 personas entre choferes, ayudantes y personal administrativo, que atienden a más de 130,000 puntos de venta a nivel nacional.
• Expresaron su solidaridad con Cervecería Nacional por el difícil momento que atraviesa afirmando que están seguros de su transparencia en sus acciones por lo que confían en que la justicia prevalezca y proteja sus derechos al trabajo y a una vida digna. (Montalvo, 2016)

Manuel Viteri, juez de la CC Transitoria, acude a la FGE a rendir su declaración. Viteri señaló que no puede ahondar en los detalles de su declaración por disposición del Fiscal encargado del caso, Pablo Encalada, porque el caso se encuentra en etapa de instrucción Fiscal. Sin embargo, Viteri sí expresó sus dudas en torno a la actuación de la CC en el caso Cervecería y mencionó: “No puedo decir que me conste que hubo cohecho, extorsión o cualquier otro delito, pero tampoco puedo dejar de decir que la forma como se hicieron los trámites deja dudas”. (El Universo, 2011)

1. Patricio Herrera, juez de la CC Transitoria, acude a rendir su declaración en la Fiscalía General del Estado. Herrera explicó que “He recurrido a la Fiscalía con la finalidad de transparentar mis cuentas, para esto he autorizado que se me abra el sigilo bancario. Por qué se tiene que generalizar y atentar contra la honra y dignidad de las personas”. Asimismo, señaló que la presión mediática  causó la remoción de Arturo Larrea de su cargo como secretario. (Carei TV, 2011)

Roberto Jarrín, presidente ejecutivo y representante legal de la Cervecería Nacional, presenta una acción extraordinaria de protección ante la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, solicitando la “inmediata suspensión de la ejecución” de la sentencia que obliga a la Cervecería el pago de las utilidades pendientes.

El escrito presentado por Jarrín presenta como principal argumento que la Sala Tercera de lo Penal de Guayaquil, mediante su sentencia está sustituyendo la competencia y función del ministro de relaciones laborales. Según el escrito, la acción planteada por los ex trabajadores se centra en la supuesta vulneración de derechos cuando el ministerio de relaciones laborales declara la falta de competencia para resolver el caso, y por lo tanto, si la sala tercera determina la existencia de tal vulneración, corresponde ordenar al ministro asumir su rol, y no dictar la sentencia obligando al pago, vulnerando el derecho a la defensa de la Cervecería. La empresa cervecera alega que la sentencia vulnera los derechos de defensa, debido proceso y seguridad jurídica de la Cervecería como tercero involucrado, condenandolos sin ser parte procesal y por fuera de las pretensiones planteadas por los extrabajadores.

Asimismo, participan como “amicus curiae” o tercero interesado en el proceso las siguientes personas:

• Henry Kronfle, representante de la Cámara de Industrias de Guayaquil.
• Pablo Dávila, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción.
• Alex Sancho, presidente de la Cámara de Industrias de Chimborazo.
• Augusto Tosi, Presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca.
• Gonzalo Lenin Balladares, procurador común de los “legítimos empleados” de Cervecería Nacional.
• Galo Palacio, presidente de la Cámara de Industrias de Manta.
• Manuel Godoy, presidente de la Cámara de Industrias de Loja.
• Antonio Villagrán, presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua.
• Blasco Peñaherrera, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.
• Luis Alberto Pin, presidente del Centro Artesanal Productores Noboa. (Caso 0635-11-EP, 2013).

El amicus curiae es una figura jurídica que consta en el art. 12 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales: “Comparecencia de terceros.- Cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia. De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a la persona o grupo interesado. Podrán también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivare la acción constitucional”.

La acción extraordinaria de protección, presentada por Roberto Jarrín, ocasiona que el caso tenga que ser trasladado a la Corte Constitucional nuevamente. (El Comercio, 2011)

La Corte Constitucional recibe el documento de acción extraordinaria de protección de la Cervecería Nacional, junto al expediente remitidos por la Tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

El juez duodécimo de lo civil del Guayas, Pedro Iriarte, resuelve ejecutar la sentencia de la Tercera Sala de lo Penal, presidida por Roberto Guevara, y ordena a la Cervecería Nacional realizar el pago de USD 90,9 millones de utilidades más intereses a favor de los ex trabajadores en un plazo de 48 horas. Se ordena que el monto sea depositado en una cuenta del Banco Central a nombre del Director Regional del Trabajo. Además, se asignó al Ministerio de Relaciones Laborales la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la sentencia. (El Universo, 2011)

Este día vencía el plazo dado a CN para realizar el pago de las utilidades a sus ex trabajadores, según el fallo de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas. Sin embargo, la Cervecería resolvió no realizar el pago y no acatar la disposición de los jueces, invocando su “derecho a resistirse” (Art. 98 de la Constitución). Carlos Andretta, abogado de la Cervecería, argumentó que el fallo es ilegal e inconstitucional. (El Comercio, 2011)

Tras tres meses y medio de investigación, la FGE solicita a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el inicio de un proceso penal en contra de Patricio Pazmiño, presidente de la CC Transitoria, Roberto Jarrín, presidente y representante legal de CN, así como los Alfredo y Arturo Larrea, acusados de delitos contra la administración pública. La FGE afirmó que “existen elementos suficientes para presumir la existencia del delito y la comisión por parte de los convocados a la audiencia, cuya instalación marcará el inicio de la fase de instrucción Fiscal, que dura 90 días". (El Universo, 2011)

Patricio Pazmiño, presidente de la CC Transitoria, responde al pedido de juicio político en su contra mediante un comunicado donde sostiene que: “no existe acusación ni presunto delito por el caso denominado Cervecería, sino una indagación previa”. Esto se basa en el Código de Procedimiento Penales, el cual establece que en la etapa de instrucción Fiscal no existe una acusación formal, sino la sospecha del cometimiento de un delito. Patricio Pazmiño afirmó que a su retorno del viaje oficial que se encontraba realizando, el 30 de mayo se defenderá dentro de este proceso, aunque insistió en que la Corte actuó apegada a la ley. (El Comercio, 2011)

El Juez Décimo Primero Civil de Pichincha, Reinaldo Flor, deja sin efecto temporalmente el pago de utilidades en favor de los ex trabajadores de la cervecería dictada por la Tercera Sala de lo Penal del Guayas. Flor especificó: “Mi resolución surte efecto hasta que la Corte Constitucional dictamine sobre el fondo, porque yo no me he pronunciado sobre ese tema, si mañana la Corte ratifica lo dicho por la Tercera Sala de lo Penal de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, lo mío queda sin efecto". (El Telégrafo, 2011)

La Fiscalía Subrogante, César Morales, anuncia el inicio de una instrucción Fiscal en contra de Patricio Pazmiño, Roberto Jarrín, Arturo Larrea y Alfredo Larrea. Además, comunica que la FGE solicitó a la CNJ que fije hora y fecha para realizar la audiencia de formulación de cargos en contra de los sospechosos. (El Comercio, 2011)

En un comunicado a la prensa, la Cervecería Nacional expresó que la providencia de la Fiscalía no había sido notificada hasta el día anterior. En el comunicado se expresó lo siguiente: “En caso de que sea confirmada esta información, la empresa actuará en estricto apego a lo establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ejerciendo los derechos que le concede la ley para demostrar su correcto actuar en este y todos sus actos (…) “Cervecería Nacional tiene una abierta disposición para seguir colaborando con todas las autoridades judiciales y administrativas en el curso de las investigaciones”. (El Comercio, 2011)

El Fiscal General Subrogante, César Morales, es notificado con la fecha para la audiencia de formulación de cargos para el 19 de diciembre de 2011, en la cual se deberán exponer los fundamentos del pedido de inicio de la instrucción Fiscal contra Patricio Pazmiño por el presunto delito de cohecho.

El caso se abrió el 4 de febrero de 2011, pero fue devuelto a la FGE por el juez encargado del trámite de la causa, Milton Peñarreta, en agosto debido a los errores de procedimiento cometidos por esa entidad durante la gestión de Washington Pesántez. Dichos errores habrían sido subsanados y los documentos con el pedido de inicio de instrucción Fiscal, fueron remitidos nuevamente a la CNJ. Este pedido es un paso necesario para continuar con el caso, debido a que Pazmiño goza de fuero especial por su cargo. (El Universo, 2011)

Patricio Pazmiño, presidente de la CC Transitoria, se pronunció sobre el anuncio de la instrucción Fiscal por parte de la FGE y la CNJ, señalando que: “Oficialmente no he sido notificado. Tengo que leer el expediente porque no he conocido nada oficialmente, excepto lo que está en los medios (...) La denuncia de Galo Lara es parte del proceso. Eso tiene que dilucidarse y demostrarse, no solamente decirse, por lo tanto vuelvo a decir que sobre el tema yo no me pronunciaré porque como juez respeto el ámbito jurisdiccional”.

Por su parte, Luis Pachala, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aseguró que no es de su competencia analizar si está bien o mal el proceso en contra de Pazmiño, pero aclaró que para febrero del próximo año ya se tendrá una nueva Corte, la misma que deberá surgir de un proceso transparente. Por otro lado, se destaca que se tiene previsto posesionar a los nuevos magistrados de la CNJ el 26 de enero de 2012. (El Comercio, 2011)

Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado, afirma que el caso continúa en etapa de indagación previa, aclarando lo que afirmó el Fiscal subrogante, César Morales, el pasado 7 de diciembre. Según Chiriboga, si bien Morales solicitó a la CNJ fijar una fecha para la audiencia de formulación de cargos, la respuesta del juez de la CNJ, Milton Peñaherreta, dispuso que se ratifique o no la posición del Fiscal subrogante, aunque no determina un plazo para la respuesta. (FGE, 2011)

En una nota, diario El Universo publica fotos de una cena que habrían mantenido Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia junto con Patricio Pazmiño, presidente de la CC Transitoria. El encuentro se efectuó en el restaurante Chez Jerome, en el norte de Quito. Según la nota, Mera y Pazmiño hablaban del “caso 1 y caso 2” y mencionaron que “Silva (no mencionaron un nombre) ya había presentado la acción”. (El Universo, 2012) Esta publicación genera polémicas en las esferas políticas y sociales de Ecuador.

Mediante un comunicado, Patricio Pazmiño asegura que la reunión fue "para dialogar sobre los avances legales del proyecto de construcción del nuevo edificio del organismo". (El Universo, 2011)

Alexis Mera responde en una carta a Galo Lara, quien previamente le había pedido explicaciones sobre la cena que mantuvo con Patricio Pazmiño, presidente de la CC Transitoria. Diario El Comercio recoge los siguientes fragmentos de la carta (El Comercio, 2011):

• “Yo no me he reunido en forma privada con el Presidente de la Corte Constitucional. Lo he hecho de forma pública, en un restaurante repleto, delante de decenas de personas”
• “Usted aviesamente afirma que he tratado con el aludido Presidente "sobre varios casos que se sustancian en la Corte Constitucional". Eso es absolutamente falso. Le exijo demostrar que aquello es verdad, porque lo plantea como un hecho insoslayable que deberá usted demostrarlo, con pruebas directas y no referencias de perversos chismes periodísticos”.
• “Le hago saber que, en la Corte Constitucional, los casos se resuelven a través de jueces ponentes, que se sortean para realizar los proyectos respectivos para conocimiento de las respectivas Salas de Admisión o el Pleno. De lo que yo conozco, no existe ningún caso a cargo de ponencia del Presidente de la Corte Constitucional”.
• “Por lo que no he conversado con el referido funcionario de proceso alguno. Todo lo contrario: al comenzar la comida le manifesté que jamás iba a aprovechar ese tipo de reuniones para conversar de temas judiciales”.
• “Debo señalar que al comienzo de la cena pública, advertí la presencia de dos importantes representantes de medios escritos de comunicación nacional, de derecha y opositores declarados del Gobierno Nacional, que se dedicaron a tomarnos fotos, enviar mensajes por redes sociales e ingerir vino mientras yo degustaba mis alimentos. Estas periodistas, que sólo tienen capacidad para trabajar en las páginas de la farándula de los diarios que representan y no en la edición política, ordenaron exquisitos platos mientras se deleitaban con una “dizque primicia". Como quien nada debe nada teme, yo continué con mi conversación de carácter administrativo y social, mientras estas mediocres periodistas deleitaban sus finos platos, con la perversidad que las caracteriza. Es una muestra más de la decadencia de parte de nuestra prensa nacional.”

Mediante cadena nacional, la Corte Constitucional se expresa sobre el caso de la Cervecería Nacional. Al respecto se destaca lo siguiente:

• Ciertos legisladores, “bajo el paraguas de una supuesta Fiscalización”, han desplegado una persecución sin pruebas contra varias autoridades, apoyada por una “mala entendida inmunidad parlamentaria”.
• Las denuncias del asambleísta Galo Lara se presentaron curiosamente “en momentos en que el país debatía la consulta popular y la Corte analizaba su legalidad”.
• Galo Lara no pudo sostener sus denuncias. El presidente de la Corte Constitucional lo invitó a demostrar los hechos, pero el asambleísta no los pudo demostrar. Las falsedades de Galo Lara causaron un grave daño a la institucionalidad de la Corte Constitucional.
• Patricio Pazmiño, se sometió de forma voluntaria a una intensa investigación de la Contraloría General del Estado. Un informe de auditoría la CGE determinó que en el caso de la Cervecería Nacional no existe responsabilidad administrativa, civil ni penal.
• El pronunciamiento de la Fiscalía señala que el asambleísta Galo Lara no presentó ninguna prueba en contra de Patricio Pazmiño, por lo que el Fiscal se vio impedido de formular cargos. Esta decisión fue ratificada en la Corte Nacional de Justicia en un documento con fecha del 26 de enero de 2012, donde se ordenó el archivo de la causa en contra de Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional.

Por último, el video de la Corte Constitucional hace referencia a las acusaciones penales e investigaciones a las cuales se vincula a Galo Lara, especificando el crimen de una joven en Quevedo (crimen del guayacán), estafa y giro de cheques sin fondo, juicio de alimentos, y otras investigaciones policiales por supuestos deshuesaderos. Se lo vincula también con un triple asesinato en Los Ríos. (Corte Constitucional, 2012)

La FGE y la CNJ liberan de responsabilidades administrativas, civiles y penales a Patricio Pazmiño, presidente de la CC Transitoria dentro de la polémica en el caso Cervecería. Diario El Comercio destaca los siguientes puntos del comunicado de la Corte Constitucional:

• "Según el pronunciamiento del Fiscal General, Galo Chiriboga, que se refiere a la indagación previa No.009-2011 expediente No 06-2011 (Pleno), el “asambleísta Galo Lara Yépez ni en su denuncia, ni durante la indagación previa, no aportó ningún elemento de convicción que permita establecer que el Dr. Patricio Pazmiño Freire, haya tenido alguna intervención en los hechos por él denunciados”.
• Al referirse a los actos denunciados por Lara, el comunicado señala que “el show mediático de cheques, pancartas y panfletos que este actor político instauró fue parte de una campaña de desprestigio en contra de la Constitución y de las instituciones que la representan".
• “El examen de la Contraloría General del Estado –que duró más de ocho meses y en el que se analizaron minuciosa y exhaustivamente las declaraciones patrimoniales, la información financiera, del registro de la propiedad y mercantil entre otras– determinó: revisada la información existente en los registros de la institución en relación con el señor Pazmiño Freire Leoncio Patricio se encuentra lo siguiente: Responsabilidad administrativa: NO; Predeterminación de responsabilidad civil culposa: NO; Responsabilidad civil culposa: NO; Se ha establecido la existencia de responsabilidad penal: NO.” (El Comercio, 2012)

Patricio Pazmiño, presidente de la CC Transitoria, advierte que la institución iniciará acciones legales contra personas o instituciones que traten de deslegitimar y desnaturalizar a la institución, argumentando que eso significaría atentar contra la estabilidad de la democracia ecuatoriana. Pazmiño especifica que iniciarán acciones “por cualquier tipo de actitud que implique menoscabar la responsabilidad institucional que tenemos y nuestra actitud como jueces. No vamos a permitir que ninguna persona o institución vuelva a referirse a la Corte Constitucional como la Corte Cervecera”. (El Telégrafo, 2012) Además, Pazmiño expresó su “satisfacción personal e institucional” frente a la resolución de la FGE, que lo deja sin responsabilidad en cualquier acto ilícito cometido en el caso Cervecería. Pazmiño también señaló: “Esta no es la Corte Cervecera, es la Corte Constitucional, que ha demostrado judicialmente la legalidad y la constitucionalidad de las acciones”.

Galo Lara, reacciona a estos eventos expresando que  llama la atención que pese a que por dos ocasiones tanto el Fiscal subrogante de Washington Pesantez (ex Fiscal general) como el de Galo Chiriboga (Fiscal general del Estado) encontraron indicios de responsabilidad por parte de Pazmiño, razón por la cual pidieron al juez competente fijar fecha para la audiencia de formulación de cargos, se deje fuera del proceso al titular del organismo constitucional. (El Telégrafo, 2012)

Durante una entrevista en la cadena Ecuavisa, el Fiscal General, Galo Chiriboga, vuelve a ratificar la inocencia de Patricio Pazmiño. Chiriboga explica que tras revisar el proceso y contrastarlo con lo que exige el Código de Procedimiento Penal, no existieron méritos para acusar a Patricio Pazmiño. “No hay elementos de convicción, simplemente una noticia de prensa y una denuncia del asambleísta Galo Lara, quien no aportó ningún elemento”, dijo Chiriboga Zambrano. Chiriboga señaló además que la investigación del caso terminó para Pazmiño, pero continúa para tres personas más: Roberto Jarrín, presidente y representante legal de la Cervecería Nacional, así como los hermanos Arturo y Alfredo Larrea Jijón. (FGE, 2012)

El Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, solicitó a la Corte Nacional de Justicia llamar a juicio a los jueces de la Tercera Sala de lo penal del Guayas: Robert Guevara, Camilo Intriago y Héctor Cabezas. Los jueces fueron acusados por la Cervecería Nacional por supuesto prevaricato por supuestamente haber mostrado favoritismo, dentro del proceso en el que determinaron el pago de utilidades. Para los ex trabajadores, esta es una forma de deslegitimar el caso y la decisión de los jueces. Por su parte, Luis Zúñiga, abogado de los ex trabajadores, consideró que este pedido de la Fiscalía, más allá de tener una base jurídica y legal, tiene una presión política, aludiendo a Alexis Mera, secretario de la Presidencia, quien fue abogado de Cervecería Nacional. (El Universo, 2012)

La primera Corte Constitucional, seleccionada bajo los procedimientos y parámetros dictados por la Constitución de 2008, es posesionada ante la Asamblea Nacional. Esta Corte Constitucional se compone por Patricio Pazmiño (Presidente e integrante de la CC Transitoria), Wendy Molina Andrade (Vicepresidenta), ANtonio Gallardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado Sánchez, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoagorte y Manuel Viteri Olvera (integrante de la CC Transitoria). (Corte Constitucional, 2013)

El gobierno de Ecuador postula a Patricio Pazmiño para juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). El jurista ecuatoriano Hérnan Salgado, quien fue integrante presidente de la Corte IDH, expresa su preocupación comentando que Pazmiño tiene falta de probidad e independencia en virtud de sus actuaciones jurídicas a favor del Ejecutivo. (Ecuador al Día, 2015)

Patricio Pazmiño es seleccionado como integrante de la Corte IDH  para el periodo 2016-2022. La elección causa polémicas en Ecuador y a nivel internacional y vuelve a traer a la palestra pública el recuerdo del caso de la Corte Cervecera. (El Tiempo, 2015)

De acuerdo al proceso para la primera renovación parcial de la Corte Constitucional, se efectuá la posesión ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez, quienes reemplazarán a María del Carmen Maldonado, Antonio Gagliardo y Marcelo Jaramillo Villa. (Universidad Andina Simón Bolívar, 2015)

La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró culpables a los jueces que integraron el tribunal que dictó sentencia en contra de la Cervecería Nacional el 4 de marzo de 2011, por prevaricato.  El exmagistrado Robert Guevara fue sentenciado a un año de prisión, mientras que los exjueces Camilo Intriago y Héctor Cabezas recibieron 6 meses de prisión correccional.

El Fiscal General, Galo Chiriboga, alegó que la sentencia emitida por los tres jueces quebrantó la normativa nacional, en lo siguiente (El Telégrafo, 2015):

• El Código de Trabajo indicaba que este tipo de controversias debía ser resuelta por un juez laboral
• En la sentencia no se consideró el tiempo de la prescripción del pago y se incluyó a extrabajadores desde 1990.
• Los exmagistrados contravinieron la Ley de Garantías Constitucionales Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece, en el artículo 19, un juicio verbal sumario, cuando exista un pago en dinero por reparación o cualquier otro motivo.
• Los jueces resolvieron, a través de una acción de protección, un acto administrativo que debió impugnarse por la vía de lo contencioso-administrativo según la Ley de Modernización del Estado y Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos.

La sentencia fue apelada, y en esta instancia se resolvió la prescripción del caso porque ya habían transcurrido los 5 años establecidos en la Ley. En una entrevista con La Historia, Robert Guevara argumenta que luego de dictar la sentencia a favor de los trabajadores de la Cervecería, fue sujeto a persecución mediante acciones administrativas y penales. (La Historia, 2016)

Tras 7 años de enredos judiciales, finalmente la Corte Constitucional expide la SENTENCIA N° 141-18-SEP-CC, 2018, en el caso de la Cervecería Nacional. La sentencia dispone que:

• Se acepta la acción extraordinaria de protección planteada por la Cervecería Nacional y se declara la vulneración de su derecho al debido proceso
• Se deja sin efecto la sentencia dictada por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Guayas el 4 de marzo de 2011, la sentencia del 26 de octubre de 2010 y la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales del 7 de julio de 2010.

Se dispone que el Ministro de Trabajo, mediante un proceso de mediación, determine el monto económico correspondiente al derecho a participar en las utilidades que deben percibir los extrabajadores de la empresa cervecera, en el marco del debido proceso y contando con la participación de todas las partes. Asimismo, se instruye al Ministro utilizar como principio regente la favorabilidad al trabajador que rige las relaciones laborales en Ecuador. En caso de no llegar a un acuerdo por mediación, el Ministro de Trabajo deberá fijar el monto económico correspondiente a las utilidades, que deberá pagar la Cervecería a los extrabajadores.

Patricio Pazmiño es elegido Vicepresidente de la Corte IDH (El Comercio, 2019).

La sentencia dictada por el máximo órgano de justicia constitucional sobre el Caso Cervecería aún no ha sido ejecutada. En la actualidad, varios de los extrabajadores de la Cervecería Nacional salen todos los lunes a los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas a reclamar sus derechos. Aún tienen esperanza. (Portal Diverso, 2020)

Tras ser removido de su cargo como secretario de la CC, la prensa no volvió a hablar sobre Arturo Larrea en sus publicaciones ni tampoco de su hermano. Se conoce que, en la actualidad, Arturo Larrea labora en su firma de abogados llamada “Larrea Jijón Specialist Lawyers”.

Extrabajadores de Cervecería Nacional plantean una demanda contra el Ministro de Trabajo, Andrés Madero, por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. El Ministerio de Trabajo debió realizar un proceso de mediación y determinar “el monto de las indemnizaciones y utilidades que la patronal debe pagar a los exempleados” (Pichincha Comunicaciones, 2020).

El abogado de los extrabajadores, Vicente Reátegui, afirma que el ministro se habría declarado incompetente, con lo cual el expediente se envió de regreso a la Corte, la cual no se ha pronunciado.

El gobierno boliviano postula a Patricio Pazmiño a la reelección para su cargo en la Corte IDH. (El Comercio, 2021).

El gobierno boliviano retira la candidatura de Patricio Pamziño para su reelección como juez en la Corte IDH (El Universo, 2021)

Tras una serie de escritos e insistencias presentadas desde la emisión de la sentencia del caso por los extrabajadores a la Corte Constitucional, se envía un nuevo escrito a su presidente, Alí Lozada Prado, a la espera de que se reinicie el proceso de ejecución de la sentencia del caso (Vallejo, J., 2022).