Propietarios de instituciones financieras como Fernando Aspiazu y los hermanos Isaías financiaron campañas electorales y ganaron influencia política en Ecuador (Soliz, E. 2008).

El Banco Central del Ecuador (BCE) otorga a Filanbanco un préstamo. 45 días después la entidad estatal otorga un segundo préstamo con condiciones mucho más duras. Ambos préstamos sumaron USD 424 millones. (El Universo, 2004)

Se realizaron varias juntas de los accionistas de empresas relacionadas con Filanbanco, en las que se discutió la creación de un fideicomiso mercantil a favor de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que aún no estaba creada. (El Universo, 2004)

El Congreso Nacional aprobó la ley que creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) (El Universo, 2003). La AGD se creó con el objeto de reestructurar e inyectar capital a las entidades financieras en problemas, y manejar un fondo de garantía de depósitos (El Universo, 2018).

La AGD empieza a funcionar, con James McPherson Febres-Cordero como Gerente. La Junta Bancaria resolvió que Filanbanco, entonces el mayor banco del país, pase a manos de la AGD con un plan de reestructuración, el cual redujo su patrimonio a USD 140 millones y exigió a sus accionistas entregar sus bienes para tener un aval de USD 65 millones. (El Universo, 2004)

Se descubrió que, los dueños del Filanbanco llevaban una contabilidad irregular que podría calificarse de ilegal y no reportaron el manejo de los recursos que el Estado les había entregado para el banco. (El Comercio, 2012).   

Los hermanos Isaías abandonan el país y se instalan en Estados Unidos. (El Comercio, 2012)

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico Mantilla, dictó llamamiento a juicio contra Roberto y William Isaías y otros por manejo fraudulento de los créditos del Banco Central (Fiscalía General del Estado, 2012).

Filanbanco se fusiona con Banco La Previsora mediante resolución de la Junta Bancaria  N°JB-2000-230. En la presente resolución dispone que, Filanbanco se convierta en el único accionista de la Previsora, absorbiendo esta última institución bancaria. (Resolución N°JB-2000-230, 2000).

Se considera que esta fusión originó la pérdida de liquidez de Filanbanco y su posterior suspensión de operaciones (El Universo, 2007)

Juan Falconí Puig, en ese entonces Superintendente de Bancos, fue enjuiciado política y civilmente, pero su castigo nunca se concretó al ser amnistiado por la Asamblea Constituyente de Montecristi. (Plan V, 2013)

El juez Galo Pico suscribe el pedido de extradición de los hermanos Isaías. (Fiscalía General del Estado, 2012).

El informe de la Intendencia de Bancos del Litoral concluyó que el problema del Filanbanco en 1998 no era de liquidez (falta de efectivo) sino de solvencia (patrimonio insuficiente). (El Universo, 2004) Los estados financieros de la institución fueron elaborados para reflejar un problema de liquidez, que les permitiera así acceder a los créditos del Banco Central, ocultando el problema de solvencia que llevaría a la institución a un proceso de saneamiento.

A pesar de que la Junta Monetaria dispuso en 1998 contratar una auditoría independiente para determinar las pérdidas del Filanbanco, la auditoría se contrató tres años después, en 2001. (El Universo, 2004)

Filanbanco, bajo administración estatal, cerró sus operaciones durante el gobierno de Gustavo Noboa. (Plan V, 2013)

La Contraloría determinó pérdidas por USD 139 millones en el fideicomiso creado cuando Filanbanco pasó a manos del Estado. Un año y cinco meses más tarde, un segundo informe de Contraloría llega a las mismas conclusiones. (El Universo, 2004)

La AGD realiza un informe resumiendo lo detallado en los informes de Contraloría. A pesar de que se haya encontrado este perjuicio, los documentos no fueron incluidos en el proceso penal en contra de los implicados en el caso Filanbanco. (El Universo, 2004)

El entonces Presidente del Congreso, Omar Quintana, dió declaraciones asegurando que “los señores Isaías devolvieron la plata a todo el mundo; creo que a la gran mayoría devolvieron su dinero, y después ya vinieron otras administraciones y consigo problemas de otra índole.” (El Universo, 2005)

La Embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Kristie Kenney, envía un cable confidencial, filtrado años más tarde por Wikileaks, sobre el caso de los hermanos Isaías. Dentro del mencionado cable se afirma que los hermanos Isaías utilizaron su riqueza para presionar a los fiscales para reducir los cargos penales contra ellos y asegurar que las solicitudes de extradición preparadas por el Gobierno de Ecuador fueran insustanciales.

Según el cable, la ex Fiscal General Mariana Yépez, presuntamente recibió un soborno de USD 2 millones de manos de Xavier Neira, (ambos con fuertes vínculos con el Partido Social Cristiano), a cambio de negarse a firmar la acusación contra los Isaías por defraudación bancaria y disolver la Unidad de Investigación de Delitos Financieros. Dos meses más tarde se presentó una acusación, pero gran parte de la evidencia en contra de los Isaías había desaparecido. (Wikileaks, s/f)

A inicios del Gobierno de Rafael Correa, el gerente general de la AGD, Carlos Bravo Macías, ordenó incautar decenas de negocios de los hermanos Isaías (que superaron los USD 1000 millones) afirmando que así se recuperaría dinero por el perjuicio ocasionado por el cierre del Filanbanco. (El Telégrafo, 2019)

La Asamblea Constituyente de Montecristi aprobó el denominado Mandato 13, ratificando la validez legal de la incautación de los bienes de los Isaías. En el mismo mandato, se dispone que la resolución de incautación no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, será inmediatamente archivada. Asimismo, se advierte que los jueces que admitan una acción a favor de los hermanos Isaías serán destituidos.

Hernán Ulloa, Luis Moyano y Milton Peñarreta, jueces de la Primera Sala de lo Penal de la CNJ, confirmaron el auto de llamamiento a juicio plenario para los sindicados en el caso Isaías y otros. (Fiscalía General del Estado, 2012)

La AGD presenta una demanda en contra de William y Roberto Isaías Dassum en una corte estatal del Condado de Miami-Dade, Florida, “tendiente a perseguir bienes de los hermanos Isaías en el Estado de Florida, como acción paralela a las acciones de incautación de la Ex AGD por la deuda millonaria del Filanbanco al Estado” (Procuraduría General del Estado, 2011).

Felipe Granda, conjuez presidente de la segunda Sala Penal de la CNJ, confirmó las medidas cautelares sobre los procesados del caso Isaías y otros; y dispuso comunicarlo a la Policía e Interpol. (Fiscalía General del Estado, 2012)

El juez nacional de la sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino Sánchez, dictó sentencia contra ocho procesados (Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, Gastón García González, Leonardo Navas Banchón, Antonio Arenas, Jorge Egas Peña y Luis Jácome Hidalgo); y absolvió a cinco implicados (Boanerges Pereira Espinoza, Daniel Rodríguez Galarza, Gloria Magdalena Ávila Aguilar, María del Carmen Morla y Tyrone Castro Castro) en el caso de Isaías y otros por el delito de peculado. (Fiscalía General del Estado, 2012)

La sentencia de privación de libertad de los Hermanos Isaías es de 8 años (New York Times, 2014). En la sentencia, la Corte expresa que los hermanos Isaías “abusaron de fondos públicos, esto es, de los créditos de liquidez concedidos por el Banco Central del Ecuador, entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre […] en la modalidad de la malversación, entendida como la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, en provecho personal [...]” (Corte Nacional de Justicia, 2012)

La Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad (Ugedep), sucesora de la AGD, realiza un nuevo informe de pérdidas de Filanbanco, donde se establece que el perjuicio contra el Estado fue de USD 1.088 millones (Primicias, 2022). 

Con estos resultados la Ugedep demanda por insolvencia a los hermanos Isaías ante una corte en Guayaquil. Durante el proceso un síndico de quiebras establece que “los bienes incautados por el Estado a los hermanos Isaías sumaron USD 1.548,80 millones” (Primicias, 2022).

El juez John W. Thornton de la Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, considera inejecutable el pedido del Estado ecuatoriano, el cual se basa en el artículo 29 de la Ley de Instituciones Financieras del Ecuador (El Universo, 2013). De acuerdo al juez “Sin una sentencia que determine responsabilidades ejecutables bajo la legislación de Estados Unidos, cualquier intento de Ecuador de incautar propiedad de los demandados en EE.UU. sería inconsistente con las leyes y normativas de EE.UU.” El Estado puede apelar a esta sentencia.

Además, el juez asegura que Ecuador habría eliminado la posibilidad de los hermanos Isaías para impugnar la resolución 1084 de la desaparecida AGD o la responsabilidad del artículo 2940, al promulgar el Mandato 13 de la Asamblea Constituyente (El Universo, 2013). 

La decisión del juez se aplica en seguimiento a la doctrina de los actos del estado la cual hace referencia a la situación en que “si un extranjero soberano trata de incautar propiedades en los EE.UU., nuestra jurisdicción controla el hecho pues el extranjero soberano está actuado fuera de sus facultades de ejecución” (El Universo, 2013).

Tras la sentencia, Ecuador pidió la extradición de los hermanos Isaías. El 19 de junio Estados Unidos negó el pedido de extradición, amparándose en la falta de evidencia. (El Comercio, 2014)

El gobierno de Rafael Correa acusó a Estados Unidos de denegar la extradición por la donación de miles de dólares que la familia Isaías hizo a la campaña de varios senadores y por los USD 90 mil donados a la campaña de reelección de Barack Obama. La administración de Obama aclaró que este estipendio donado no tiene ninguna relación con la decisión tomada por la Corte. (New York Times, 2014)

Se conoció sobre una investigación federal contra el senador estadounidense Robert Menéndez, por recibir supuestos fondos irregulares para el financiamiento de su campaña por parte de los hermanos Isaías. (NBC, 2014) Al ser entrevistado sobre el tema de financiamiento político, Roberto Isaías aseguró: "Mi familia ha dado a unos 20 congresistas que luchan por los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina", "Eso es legal. Si se ve bien o mal, lo único que puedo decirte es que nunca hemos pedido un favor en mi caso o de mi hermano William ". (New York Times, 2014).

La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años en contra de los hermanos Isaías por el delito de peculado. Además se declaró la inocencia de Luis Jácome, expresidente del Banco Central; y de Jorge Egas Peña, ex superintendente de Bancos. Tras la ratificación de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía anunció que gestionará nuevamente la extradición de los hermanos Isaías. (El Comercio, 2014).

El juez John W. Thornton de la Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade rechaza la demanda planteada por la ex-AGD en contra de los hermanos Isaías basado en que el Estado ecuatoriano no tuvo la capacidad procesal ni la autoridad para demandar. (El Universo, 2015). El Estado habría sido representado por la Procuraduría General del Estado (PGE) en este proceso (El Universo, 2017).

La sentencia declara “ sin lugar la acción legal presentada por el Estado en ese país en el 2009, y éste no podrá cobrar los USD 661 millones que pidió para recuperar los fondos” (El Comercio, 2015).

Michael Tein, abogado de los Isaías, ofrece una rueda de prensa virtual pues se encuentra en Estados Unidos. Tein asegura que se presentaron “abundantes pruebas de que no cometieron ningún acto indebido, ni causaron pérdidas al Banco” (2015). Además el abogado afirma que se presentará una demanda para recuperar el cuantioso gasto de sus clientes en el proceso de defensa.

Asimismo, Tein señala que el testigo estrella de Ecuador, Pedro Delgado, primo del presidente Rafael Correa, no se presentó al juicio a pesar de haber dado declaraciones bajo juramento (El Universo, 2015).

Tras denunciar al Estado Ecuatoriano en 2012 por presuntas violaciones en los procesos seguidos en su contra, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que Ecuador violó el derecho de los hermanos Isaías Dassum a debidas garantías procesales para impugnar la incautación de sus bienes que tuvo lugar en 2008.

Sobre el proceso de incautación, se señala: “El Comité considera que la emisión del Mandato Constituyente Nº 13, que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD e incluyó la instrucción de destituir, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar, a los jueces que avocaren conocimiento de este tipo de acciones, violó el derecho de los autores bajo el artículo 14(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a un proceso con las debidas garantías en determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. (El Universo, 2016)

La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del Estado de la Florida falla a favor de Ecuador, revocando la sentencia del 15 de octubre de 2015 emitida por el juez John W. Thornton, quien “había rechazado la demanda planteada por la ex AGD en contra de los hermanos Isaías Dassum” (Contraloría General del Estado, 2017). La Corte de Apelaciones resuelve que el proceso regrese a primera instancia para determinar los daños y perjuicios a favor del Estado.

La defensa de los hermanos Isaías pidió la devolución de los cerca de 200 bienes incautados desde 2008, luego de que la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó la prohibición de venderlos o enajenarlos a consecuencia de la observación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2016 señaló que en la incautación no se habían respetado las debidas garantías. (El Universo, 2018).

Los hermanos Isaías son detenidos en Estados Unidos por motivos migratorios. (El Comercio, 2019)

Los hermanos Isaías fueron puestos en libertad y actualmente se encuentran en trámite para solucionar su estatus migratorio, caso contrario serán  deportados a Ecuador, donde enfrentarían a la justicia. (El Telégrafo, 2019)

Por votación de 2 de los 3 jueces del tribunal encargado, Daniela Camacho y Luis Rivera, se emite la aceptación del recurso de revisión interpuesto por los hermanos Isaías. El juez Marco Rodríguez habría votado en contra. Se indica la restitución del estado constitucional de inocencia a favor de Roberto y Willian Isaías Dassum, por la causal de abuso de fondos, en referencia al préstamo que el Banco Central del Ecuador hizo a Filanbanco entre septiembre y diciembre de 1998. 

Se habría reconocido que el dinero mencionado fue utilizado en combinación por parte de ambos bancos para los fines supuestos por la normativa vigente en ese entonces, mencionó Jorge Zavala Egas, abogado de los Isaías.

Los jueces que aprobaron la sentencia recalcan sin embargo que no se abre la posibilidad de devolución de bienes incautados debido a que tal incautación siguió procesos civiles y administrativos independientes del juicio penal, y por tanto la aceptación del recurso de revisión no afectó la vigencia de esos procesos (Televistazo, 2021).

Los jueces habrían hallado otras posibles causales para someter a juicio en el caso; Zavala Egas asegura que dado el intervalo de tiempo en que pudieron ocurrir hechos relacionados al mismo, toda posible causal que pudiera emanar de ellos ya ha prescrito.

Los hermanos William y Roberto Isaías interponen una demanda contra el Estado por USD 2 mil millones, puntualmente contra el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar (Primicias, 2022). En la demanda se alegan incautaciones ilegales realizadas el 8 de julio de 2008 por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), lo cual se utilizaría para cubrir las supuestas pérdidas de Filanbanco. La AGD habría incautado casas, vehículos, acciones, negocios y carteras de crédito.

Tomando como base la información recabada en el proceso judicial llevado por la Ugedep en 2012, donde se señala que el valor total de los bienes incautados a los hermanos Isaías ascendió a USD 1.548,80 millones, los hermanos Isaías argumentan que no existió deuda ya que los activos cubrían los pasivos del banco. Además exigen que el Estado pague USD 15 millones por “los gastos incurridos por los exaccionistas en el juicio de Miami e intereses legales provenientes de los daños causados” (Primicias, 2022).

Esta causa está en manos de los jueces Fabián Cueva, Ángel Ponce y Mario Proaño del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial del Guayas.  (El Comercio, 2022)