El binomio Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta con el 57% de los votos. (El Universo, 2002). 

El ministro de Finanzas Mario Rivadeneira emite el “clasificador por objeto de gastos” (COG) para el sector público como parte de la Ley de Presupuestos e incorpora los “gastos reservados” a la partida presupuestaria de imprevistos. Durante su ejecución, los gastos reservados son desagregados en conceptos específicos para dar mayor transparencia a la acción presupuestaria. El nuevo clasificador amplía el concepto de gastos reservados con el criterio que son gastos que por su naturaleza no son previsibles durante la formulación del presupuesto.  (Cornejo, 2006).

Con 42 votos, el Congreso Nacional censura al Canciller Diego Paredes Peña mediante juicio político. El proceso fue liderado por los diputados Mauricio Gándara y Rafael Cuesta. La censura se basó en deudas al fisco que impedían que Paredes liderará la Cancillería, irregularidades en la devolución de terrenos fronterizos a Perú, la compra e internación ilícita de un vehículo de lujo para uso personal cuando fue Embajador en Guatemala y su vinculación a las financieras NAFINSA y FINANSA, que fueron procesadas por el delito de fraude. (Cornejo, 1996).

El Vicepresidente Dahik, se reúne con un grupo de periodistas en la sala de sesiones de la Junta Monetaria, entre quienes se encontraba el subdirector de diario Expreso, Jorge Vivanco. Durante esta reunión Dahik relata que ciertos diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia exigieron dinero al Gobierno para aprobar leyes y dictar fallos de interés gubernamental. (Cornejo, 1996).

Diario Hoy publica como titular de su portada “Borrasca política en torno a Dahik”, con una nota periodística en la cual Vivanco denuncia lo siguiente: (Cornejo, 2012):

1. Un bloque de legisladores habría exigido 200 mil millones de sucres para ser canalizados por los organismos seccionales para realizar proselitismo político. 

2. Dieciséis diputados habrían exigido medio millón de sucres cada uno para aprobar la Ley de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL). 

3. Magistrados de la Corte Suprema exigieron dinero para declarar constitucional una resolución de interés gubernamental. 

4. Entrega de nombramientos en el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) y en Petroecuador, a cambio de apoyos legislativos.

Santiago Bucaram, Oscar Célleri y Juan José Castelló, diputados opuestos al gobierno (PRE, PSC y MPD), inician el trámite para llamar al vicepresidente Dahik a juicio político. (El Hoy, 1995)

Jorge Vivanco comparece ante la Corte Suprema de Justicia y ratifica sus afirmaciones.

Los periodistas Nicolás Ulloa, director de Diario Extra, y Carlos Armando Romero, director de Radio Cristal, ratifican en calidad de testigos la conversación de Dahik con periodistas en la sala de sesiones de la Junta Monetaria. (Cornejo,1996). Por otro lado, el expresidente de Ecuador y entonces alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, declara ante medios de comunicación que apoyará e impulsará el juicio político en contra de Dahik. (Ayala, 2018).

El gabinete del Presidente Durán Ballén anuncia su apoyo a Dahik. (Hoy, 1995).

Veinte diputados presentan ante el Presidente del Congreso, Heinz Moeller, un pedido formal para el enjuiciamiento político de Alberto Dahik, acusándolo de cohecho y de atentar contra el honor de la nación. (Hoy, 1995).

El Fiscal General Fernando Casares inicia un proceso en contra de Alberto Dahik, considerando que existían suficientes elementos para llevar a cabo la un proceso por el delito de cohecho. (Hoy, 1995).

Sixto Durán Ballén, ordena que se revelen las cuentas bancarias de colaboradores, ex presidentes y ex vicepresidentes, y lanza una campaña en contra de la corrupción. (El Hoy, 1995). 

Ante un panel de periodistas, Dahik argumenta que el gobierno debió ceder a presiones políticas “para no poner en peligro el sistema democrático”, pero negó ser responsable de cohecho. Durante su intervención Dahik por primera vez menciona públicamente nombres y hechos concretos. Diario El Mercurio, publica una nota resumiendo su intervención, de la cual se destacan los siguientes puntos (Ayala, 2018):

• El diputado Lino Sánchez del MPD solicitó 2 mil millones de sucres para la provincia de Esmeraldas.

• Juan José Castelló del MPD sobredimensionó el valor de las obras escolares para las cuales exigió dinero al Estado.

• Santiago Bucaram pidió para el cantón Pichincha 800 millones de sucres, a sabiendas que su cuñado trabaja en una de las entidades que manejaría este dinero.

• Eduardo Villaquirán del PSC exigió 14 mil millones de sucres para aulas escolares. Inmediatamente constituyó la empresa “Tije” con apenas 1 millón de sucres, a la cual se le entregaron 20 contratos multimillonarios, a través de diferentes profesionales de la construcción que eran sus accionistas. 

• Jorge H. Sotomayor del PSC, consejero en Loja y asesor del Congreso,  llevó mucho dinero para los sectores de Pinday y Puyango, de los cuales no se conoce su destino. 

• El diputado Simón Bustamante hacía y deshacía partidas presupuestarias en el Consejo Provincial de Manabí. 

• El diputado Xavier Neira exigió mantener al responsable, de apellido Estrada, frente a Emelec a cambio de actuar en favor de ciertas leyes presentadas por el Gobierno.

Fabián Alarcón del FRA es escogido como nuevo presidente del congreso, con los votos del PRE, MPD, ID, APRE, FRA e independientes. Este grupo de legisladores propone “la fiscalización como una prioridad de la legislatura para los próximos doce meses”. (Ayala, 2018)

Xavier Neira y Rafael Cuesta, diputados por el Partido Social Cristiano (PSC), denuncian a Dahik por manejo ilegal de fondos del Estado ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que dos de sus colaboradores depositaron 1.100 millones de sucres en cuentas privadas (400 mil dólares acorde al cambio en esa época). La denuncia indicaba la existencia de 20 “cheques calientes” de la cuenta de la Vicepresidencia. Ante esto, Dahik acusa a Neira y a Cuesta de violar el secreto bancario de la de cuentas de gastos reservados. (Cornejo, 1996).

El presidente de la CSJ, Miguel Macías Hurtado, abre la causa penal contra Dahik y dos de sus secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, por los delitos de prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de gastos reservados, concusión, peculado, exacciones (acción de exigir algún tipo de contribución) y enriquecimiento ilícito. (Cornejo, 1996).

Miguel Macías Hurtado llama a Dahik y a sus dos secretarios a declarar en la CSJ. (Hoy, 1995). 

El vicepresidente Dahik acude al Congreso Nacional a explicar el uso de gastos reservados por la Vicepresidencia. Dahik se rehúsa a comparecer antes la CSJ. (Cornejo, 1996). La discusión sobre si el juicio penal debe anteceder el juicio político en el Congreso o viceversa, toma fuerza. (Ayala, 2018). 

Por otro lado, ese mismo día Dahik envía una carta al presidente de la CSJ, con la intención de aclarar las denuncias derivadas de la conversación mantenida con periodistas el 5 de junio del mismo año. En la carta Dahik asegura que durante la reunión:

• Manifestó que el Gobierno Nacional observaba con mucha preocupación el avance de la corrupción en todos los órdenes de la vida nacional, y que demostrando el interés en lograr los cambios necesarios en la estructura político-administrativa del Estado, el gobierno planteó  propuestas concretas de reforma constitucional. 

• A manera de ejemplo, recordó que un importante bloque legislativo había exigido asignaciones presupuestarias por doscientos mil millones de sucres para diversos fines como condición previa a la aprobación de leyes fundamentales para el desarrollo y el futuro del país, exigencia que el Gobierno Nacional se vio obligado a aceptar. Asimismo, asegura que conversó acerca de legisladores que intentan pedir dinero directamente al gobierno para la aprobación de algunos asuntos, e inclusive de insinuaciones similares de Ministros de la Corte Suprema a fin de dictar algunas sentencia favorable a los intereses del Gobierno Nacional. En este punto, Dahik aclara que “Jamás mencioné que yo, o que alguna persona del Gobierno Nacional hubiese accedido a tales insinuaciones.”

• Comentó que las autoridades correspondientes de INECEL y PETROECUADOR se habían visto forzados a atender pedidos a favor de determinados ciudadanos, y que, no le sorprendería si ellos estuviesen sirviendo a su interés personal. Asimismo aclaró que nunca mencionó que él (Dahik) hubiese autorizado nombramiento alguno y que esas personas se encontraban robando desaforadamente.

• Dahik afirmó que como no tenía nada que ocultar, si hubiese tenido nombres y pruebas los hubiera mencionado en la reunión. También informó que atendió favorablemente el pedido de Jorge Vivanco sobre el uso de la información que  había proporcionado como él a bien lo tuviere.

Esta carta fue publicada íntegramente en el diario Hoy, el 20 de julio de 1995. (Ayala, 2018).

Macías dicta orden de prisión preventiva contra los secretarios de Dahik, Gladys Merchán y Juan Crespo. La orden no logra efectuarse debido a que Merchán y Crespo no logran ser localizados. (Cornejo, 1996)

El radiodifusor Gonzalo Rosero denuncia que el excanciller del Gobierno de Durán Ballén, Diego Paredes Peña, negoció la compra de su radioemisora (Radio Democracia) con fondos que Rosero sospecha provenían de gastos reservados. 

Rosero explica que “Para salvaguardar mi honor hago conocer al magistrado mi preocupación por el origen de los fondos de un cheque girado a mi favor por Gladys Merchán. Me anticipo a las indagaciones que hagan las autoridades de justicia a las cuentas de la Vicepresidencia".

Diego Paredes, luego de ser censurado por la Asamblea en septiembre de 1994, mantuvo una oficina en la Presidencia, como discreto asesor político de Durán Ballén.  

En el testimonio de Rosero ante el Fiscal General, Fernando Casares, las negociaciones de compra venta de la radiodifusora iniciaron en enero de 1995. Rosero recibió la primera parte del anticipo en abril de 1995, por 66 millones 100 mil sucres (25 mil dólares a la fecha). El cheque fue firmado y entregado por la Secretaría de Dahik, Gladys Merchán y los fondos provenían de la cuenta vicepresidencial en Banco del Pacífico, calificada por Dahik como cuenta de gastos reservados. Rosero explica que el 2 de agosto, Diego Paredes descarta el negocio. El primer anticipo queda en manos de Rosero, como reposición por daños y perjuicios causados. (Cornejo, 2012).

El excanciller Paredes niega haber intervenido en negociaciones para adquirir Radio Democracia con gastos reservados y pide ser sindicado en el proceso penal para poder declarar en la etapa sumaria del juicio. Los abogados de Paredes intentan demostrar que el cheque entregado a Rosero corresponde a pagos por servicios prestados durante el conflicto con Perú. Por otro lado, el cardenal Bernardino Echeverría se solidariza con Dahik. (Cornejo, 2012). 

El presidente de la CSJ, Miguel Macías, es censurado y destituido por el Congreso Nacional, junto con los magistrados Jorge Fantoni y Alejandro Bermúdez, en el marco de un juicio político por un fallo judicial dentro de un proceso entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el constructor Jorge Aguilar. El proceso de destitución es impulsado por el diputado del MPD Juan José Castelló, argumentando que con el fallo los magistrados han “incurrido y transgredido expresas disposiciones constitucionales y legales, perjudicando deliberadamente los interés del IESS…”. Luego de la destitución, el presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, niega que la legislatura busque con esta acción favorecer al Vicepresidente Dahik. (Cornejo, 1996). Carlos Solórzano Constantine se posesiona como sucesor de Macías.

Dahik afirma que sus secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, tienen un mes de vacaciones legalmente aprobado. (Cornejo, 1996).

Diario El Telégrafo publica una nota de prensa asegurando que Gladys Merchán fue secretaria en el periódico El Universo, y que al pasar a ser secretaria del Vicepresidente, seguía recibiendo un salario de le empresa periodística. (Cornejo, 1996).

Dahik se dirige a los ecuatorianos mediante cadena nacional y asegura que continuará luchando contra la corrupción, calificando de infamias las acusaciones en su contra. (Cornejo, 1996).

El Contralor General del Estado, Juan Carlos Faidutti, admite haber puesto su visto bueno a la Ley de Presupuesto. Faidutti dio a conocer que firmó un oficio con observaciones al sistema del Calificación de Objeto de Gastos (COG). Asimismo, el contralor señaló que el COG amplió el horizonte de los gastos reservados y rebasó el concepto de seguridad interna y externa del país de los imprevistos. (Cornejo, 1996).

Dahik, acompañado de diputados conservadores y funcionarios públicos, comparece ante la CSJ a declarar por el caso de Radio Democracia. Una multitud agresiva le esperaba y debió ser protegido por la Policía Nacional. (Ayala, 2018).

La policía se toma las instalaciones del Banco Central para impedir que el presidente de la CSJ revise los microfilmes de los movimientos bancarios. Estos microfilmes contienen la reproducción exacta de los movimientos bancarios de los gastos reservados realizados por Dahik y sus secretarios  (Cornejo, 2012)

Gonzalo Rosero testifica ante el Presidente de la CSJ, afirmando que su radiodifusora no estuvo al aire durante el conflicto con Perú. Asimismo, presenta nombres de testigos que pueden rendir testimonio sobre el intento de adquisición de Radio Democracia por parte de Diego Paredes. Los nombres brindados por Rosero son los siguientes (Cornejo, 2012):  

• Carlos Julián Trueba, funcionario de Asesoría Jurídica de la presidencia, quien redactó la minuta de compra venta de la radio

• Judith Ramírez, Secretaria de los asesores de la Presidencia

• Alberto Rivadeneira, técnico de radios que hizo el informe de las instalaciones de la radio

Carlos Trueba ratifica que redactó el proyecto de minuta de compra-venta de radio democracia. El Presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, dicta orden de prisión preventiva en contra de Diego Paredes, quien huye al día siguiente. (Cornejo, 2012). La CSJ también sindicó sin orden de prisión al Ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, por presentar documentación con el ánimo de ocultar información fundamental para el caso investigado. (Ayala, 2018). 

Mauricio Pinto, Ministro de Finanzas, es censurado por una amplia mayoría del Congreso Nacional. (Ayala, 2018). De los 77 diputados en la sesión, 63 votaron en contra del funcionario. (Cornejo, 1996).

 Fabián Alarcón, Presidente del Congreso, convoca a juicio político a Dahik, para el 2 de octubre de 1995. Mientras tanto, la CSJ dicta orden de prisión preventiva en contra del superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, quien renuncia a su cargo y se refugia en una clínica de Cuenca. La orden se basa en la supuesta negativa de Muñoz de entregar los cheques de los gastos reservados a la CSJ. Al respecto, Muñoz argumenta que ordenó el depósito de los microfilmes en las bóvedas del Banco Central a nombre de la Contraloría General. (Cornejo, 1996).

Dahik solicita al Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) que el juicio penal iniciado por el fiscal sea anulado por inconstitucional. El Presidente Durán Ballén sostiene una reunión con miembros de la CSJ, el Congreso, las FFAA y la iglesia católica para buscar soluciones a la situación de país. (Cornejo, 1996). 

El TGC no califica la solicitud de anulación de Dahik. (Ayala, 2018). El Presidente Durán Ballén, vía televisión, solicita a Dahik su renuncia a la Vicepresidencia, para lograr recuperar la tranquilidad en Ecuador. (Cornejo, 1996). El diario Hoy, recogió la declaración de Durán Ballén en el siguiente párrafo:

“He pedido esta noche al vicepresidente de la República, Alberto Dahik, que presente su renuncia al Congreso Nacional para que con total libertad y amplitud pueda ejercer el legítimo derecho a defenderse de las acusaciones levantadas en su contra”, dijo anoche Durán Ballén, en cadena nacional de televisión y radio. “Esta decisión la he debido adoptar, pese a la extraordinaria tarea cumplida por el vicepresidente de la República, quien liderando el equipo económico del Gobierno Nacional encaminó con notable éxito el programa de reordenamiento, de recuperación y de reactivación de la economía nacional”, añadió el mandatario. Durán Ballén dijo estar seguro que el vicepresidente de la República “sabrá desvirtuar todas las acusaciones vertidas en su contra”, en los juicios político y penal que enfrenta”. 

Ante estas declaraciones Dahik publica un comunicado en el cual asegura que “frente al pedido de renuncia formulado por el presidente de la República, responderá ante el Congreso Nacional el lunes 2 de octubre a las 16 horas”.

Por otro lado, Fabián Alarcón asegura que: “Un funcionario público es responsable de sus actos, mientras ejerza el cargo y hasta un año después de haberlo desempeñado. Renuncie o no, en nada cambiará el juicio político y si no comparece se lo juzgará en rebeldía.”(Ayala, 2018).

Dahik acude al Congreso y comparece durante 6 horas. Los medios de comunicación dan amplia cobertura al juicio político. Su intervención se ve dominada por las acusaciones a líderes del PSC y algunas líneas de defensa. Dentro de los puntos a destacar (Cornejo, 1996):

• Dahik acusa a Febres Cordero de haber duplicado su patrimonio en Florida, EE.UU. durante el tiempo que duró su gobierno, y presenta un listado de supuestas empresas y cuentas a su nombre, y de las cuales Febres Cordero no habría pagado los impuestos correspondientes. Asimismo, argumenta que Febres Cordero es el único expresidente que no está dispuesto a abrir su cuenta, y el único que no declaró sus bienes al entrar y salir del poder. 

• Señala que Miguel Orellana, secretario privado de Febres Cordero, compró un departamento en Miami por USD 140 mil y una casa de USD 1.2 millones. 

• Comenta que algunos legisladores exigieron nuevas partidas para aprobar el informe sobre la brecha fiscal causado por la guerra del Cenepa. 

• El Vicepresidente asegura que el PSC pactó con el gobierno a cambio de partidas presupuestarias y cargos en las comisiones del Congreso, en la CSJ, en el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

• Asegura que teme por su vida y la de su familia por denunciar los actos de corrupción del gobierno de Febres Cordero y el Partido Social Cristiano. 

• Dahik señala que sus detractores han violentado el sigilo bancario.

• Asimismo, el Vicepresidente aseguró que “de todos los gastos efectuados tuvo conocimiento el Contralor de la República, quien se encargó de su calificación oportuna”. (Ayala, 2018).

La comparecencia de Alberto Dahik fue seguida por las intervenciones de tres diputados acusadores. A continuación se resumen los puntos destacados de cada intervención (Cornejo, 1996):

• Juan José Castelló, del MPD, denunció que el vicepresidente incurrió en cohecho, extendió su acusación al Presidente Durán Ballén y pidió al Congreso iniciar un juicio político en su contra. Asimismo, pidió que se investiguen las cuentas bancarias de los líderes socialcristianos. 

• El diputado Frank Vargas Pazzos, del APRE, se enfocó en las posibles faltas administrativas cometidas por Dahik fundamentándose en un informe de la Contraloría

• Santiago Bucaram, del PRE, asumió la posición de apoyo a Dahik, en línea con su partido. El asambleísta se basó en que primero debe existir un juicio penal que determine la culpabilidad de Dahik antes de poder realizar un enjuiciamiento político.

En el tercer día de juicio político al Vicepresidente, intervienen tres diputados socialcristianos, Rafael Cuesta, Xavier Neira y Marco Flores. Los puntos principales de sus intervenciones se resumen a continuación (Cornejo, 1996):

• Rafael Cuesta denunció que Dahik posee una cuenta cifrada en el banco Prive de Rothschild en Suiza y que las transferencias a esta cuenta son realizadas con la intermediación de Banco Lambert. Cuesta pidió a Dahik abrir esta cuenta. Asimismo, señaló que Dahik es socio de la empresa MATRICZA junto al dueño de diario El Universo, y que esta empresa fue creada con el objeto de ganar la licitación para la construcción del terminal terrestre de Guayaquil y realizó una deficiente construcción. Ademas, Cuesta afirmó que durante el conflicto del Cenepa se utilizaron USD 4.5 millones en gastos reservados que no se gastaron en la defensa nacional.

• Xavier Neira aseguró que no existe un co-gobierno entre el PSC y Durán Ballén. El diputado comparó los 19 mil millones de sucres gastados en gastos reservados de Dahik con los 329 millones de sucres utilizados en el gobierno de Febres Cordero. 

Luego de la intervención de los 6 diputados acusadores, Dahik ejerce su derecho a réplica. El Vicepresidente continúa denunciando supuestos hechos irregulares e ilegales del febrescorderismo (Cornejo, 1996). Aseguró: “Estoy dispuesto a firmar cualquier documento para que se abran mis cuentas en cualquier banco”, pero condiciono a que Febres Cordero hiciera lo mismo. Asimismo, Dahik argumentó que la causal de juicio político que habla de las faltas al honor nacional no ha sido legislada por el Congreso y que el cohecho y la traición a la Patria no están codificadas. (Ayala, 2018).

Por otro lado, Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo 46, pasa los microfilmes de los cheques de gastos reservados a su custodia. (Cornejo, 1996). Asimismo, el decreto ratifica el carácter secreto de los microfilms. (Ayala, 2018). 

Tras una larga deliberación, se lleva a cabo la votación del juicio político a Dahik con los siguientes resultados: 39 votos a favor de la destitución, 20 en contra y 14 abstenciones. De esta forma, Alberto Dahik no es destituido ya que se necesitaban 52 votos a favor. (El Hoy, 1995). 

El presidente de la CSJ, Carlos Solórzano dicta orden de prisión preventiva contra Dahik, en el marco del proceso penal por el manejo y destino presuntamente fraudulento de fondos públicos para gastos reservados de la vicepresidencia. (El País, 1995). El monto aproximado de los fondos utilizados irregularmente se calculó en 19.580 millones de sucres (El Telégrafo, 2012), acorde al cambio en esa época, alrededor de USD 7.6 millones. El Juez dispone la movilización de la fuerza pública para hacer efectiva la orden de prisión y prevenir una posible salida de Dahik del país. (El País, 1995).

Alberto Dahik presenta su renuncia y desaparece en una avioneta privada rumbo a Cali; en la madrugada del 12 de octubre llega a tierra costarricense. (Ayala, 2018). En este país centroamericano pide asilo político alegando que es un perseguido político y que su vida peligra. (El País, 1995).

El Congreso Nacional acepta la renuncia de Dahik como Vicepresidente de la República. (Cornejo, 1996). 

El Congreso elige a Eduardo Peña Triviño como nuevo Vicepresidente de la República, de la terna enviada por Durán Ballén. (Ayala, 2018).

Una ex-empleada del precandidato presidencial Ricardo Noboa, denuncia que esté recibió gastos reservados para su campaña política. Noboa niega las acusaciones y asegura que se trata de una campaña de desprestigio. (Ayala, 2018).

La CSJ investiga las cuentas bancarias del precandidato Ricardo Noboa. (Cornejo, 1996). 

Durán Ballén defiende el decreto de reserva de los microfilmes ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. (Cornejo, 1996). Las demandas de inconstitucionalidad habían sido presentadas por los diputados Ítalo Ordoñez y Diego Delgado, y por el presidente del Partido Socialista, Manuel Salgado. (Ayala, 2018).

El Contralor Faidutti reforma el reglamento de gastos reservados, eliminando la disposición que permitía que la Vicepresidencia de la República maneje dichos gastos y establece que los gastos reservados deben mantenerse depositados en cuentas especiales y secretas del BCE. (Cornejo, 1996).

El ex superintendente de bancos, José Iturralde, denuncia a la CSJ que recibió presiones del Gobierno para que los fiscalizadores no puedan revisar los microfilms. (Cornejo, 1996).

El abogado de Dahik, Walter Guerrero, asegura que el Contralor Faidutti conocía todos los movimientos de las cuentas de gastos reservados. (Cornejo, 1996). Luego de estas declaraciones, Faidutti se convierte en otro acusado del proceso. (Ayala, 2018).

El cardenal Bernardino Echeverría afirma que algunas iglesias recibieron recursos de los gastos reservados de Dahik. (Cornejo, 1996).

Concluyen las inspecciones físicas periciales a los microfilmes de las cuentas reservadas y a las actas de gastos autorizados por el contralor, enviadas por Dahik desde el exilio. (Cornejo, 1996). Al revisarse los documentos enviados por el Ministerio de Finanzas, la Contraloría y el Banco Central, se estableció que la cantidad manejada por Dahik para gastos reservados ascendía a 19.500 millones de sucres. De esa suma, 12.000 millones se habían gastado en cheques y 7.000 millones “corresponden a gastos en efectivo, que fueron justificados en la Contraloría General. (Ayala, 2018).

El contralor declara ante la CSJ y  asegura que no conocía la apertura de cuenta privadas por parte de los secretarios de Dahik. Afirmando que “Dahik es el único responsable del manejo de los gastos reservados”. (Ayala, 2018). Mientras tanto, Ítalo Sotomayor, abogado de Dahik, solicita que el presidente de la República derogue el decreto reservado, causando confusión entre los demás defensores de Dahik, quienes negaron el pedido. (Ayala, 2018). Días más tarde, Dahik desautoriza a Sotomayor como parte de su equipo legal de defensa. (Cornejo, 1996).

El informe de la CSJ establece que falta justificar siete mil millones de sucres del monto de los gastos reservados ejecutados (Cornejo, 1996).

El Fiscal General asegura que “todavía no hay claros indicios de responsabilidad que permitan sindicar en el juicio al Presidente Durán Ballén, pero no se puede descartar, aunque remota, esa posibilidad”. (Ayala, 2018).

El cardenal Bernardino Echeverría, declara nuevamente ante la CSJ, expresando que lamenta confusiones anteriores, ratifica que templos y obras sociales de la iglesia habían recibido fondos del Estado, pero no aseguró que fueran gastos reservados. Ante estas declaraciones el Fiscal asegura que serán los microfilmes los que aportaran los elementos necesarios para determinar si la iglesia recibió o no fondos de los gastos reservados. (Ayala, 2018).

El mismo día, Solórzano inicia el examen pericial de los documentos guardados en el Banco Central. (Ayala, 2018). En este examen se determina la existencia de 7 cuentas corrientes en Banco del Pacifico, tres a nombre de Juan Crespo, dos a nombre de Gladys Merchán, una compartida Gladys Merchán / Alberto Dahik y una compartida Juan Mario Crespo / Gladys Merchán.(Cornejo, 1996).

Carlos Solórzano, presidente de la CSJ declara la nulidad del decreto de reserva de los microfilmes y demás documentos de los gastos de la vicepresidencia. De esta manera se hicieron públicos 242 nombres de personas naturales y jurídicas que se beneficiaron de los fondos, y quienes son involucrados en el proceso penal. Entre los beneficiarios de los gastos se encuentran cantantes, restaurantes, tiendas exclusivas y grupos religiosos. Asimismo destacan de la lista el excanciller Paredes, los diputados Wilman Costa y Freddy Bravo, el ministro de Industrias José Vicente Maldonado y el ex secretario de comunicación René Maugé. (Cornejo, 2012). 

Algunos otros usos a destacar sobre los gastos reservados son el mantenimiento de haciendas privadas, financiamiento de campañas políticas, tratamientos médicos, “complementos” a salarios de altos funcionarios, encuestas de opinión, hoteles y eventos, contribuciones a iglesias y un viaje del Vicepresidente y su comitiva a la canonización de Narcisa de Jesus. Asimismo, con gastos reservados se paga una reunión sobre corrupción llevada a cabo por Transparencia Internacional. Los datos apuntaban a que una buena parte de los gastos reservados fueron utilizados para actividades sin relación a la seguridad nacional.  (Ayala, 2018).

Mediante un escrito presentado por los abogados de Dahik, se acusa a la CSJ de actuar al margen de la Ley al no tener competencia para pronunciarse sobre la validez o invalidez de un acto administrativo, insistiendo que el único órgano competente es contraloría. (Cornejo, 2012). 

El contralor Faidutti asegura que desconocía la lista de personas beneficiadas con gastos reservados, ya que a él solamente le presentaban justificativos y él revisaba que se enmarcarán en el reglamento. (Cornejo, 2012).

Se revela una lista adicional de 29 presuntos beneficiarios de los gastos reservados para la compra de divisas del Banco de la Producción. (Ayala, 2018). Por otro lado, Carlos Solórzano, presidente de la CSJ, denuncia que existe una campaña de desprestigio en su contra. (Cornejo, 2012).

Dahik solicita, ante el presidente subrogante de la CSJ, una indemnización por daños y perjuicios, por 5 mil millones de sucres, contra Carlos Solorzano. 

El presidente de Transparencia Internacional, Peter Eigen, afirma que su organización está dispuesta a devolver los USD 10 mil donados por Dahik, si así los dispone el presidente de la CSJ. (Cornejo, 2012).

El juez niega por tercera vez el recurso de apelación presentado por Dahik en contra del Presidente de la CSJ. (Cornejo, 2012). 

Luego de un nuevo reconocimiento pericial de los microfilmes, se emite un reporte ampliatorio en cuyas conclusiones se determina que del monto total utilizado en gastos reservados (19.6 mil millones de sucre), solamente 9.3 mil millones fueron justificados. Asimismo, se identifica a la empresa SAID (Sociedad Anónima Importadora Dahik) como una de las beneficiarias de los gastos reservados. (Cornejo, 2012).

La defensa legal de Dahik admite el uso de gastos reservados para comprar telas a la empresa SAID, de propiedad de Dahik y su familia, que fueron regaladas en una navidad a un grupo de guardias del Vicepresidente. (Cornejo, 2012).

El contralor Juan Carlos Faidutti presenta su renuncia. (Ayala, 2018). A la fecha se han presentado 245 personas ante la Corte para entregar justificantes por la recepción de gastos reservados. (Cornejo, 2012).

El hermano de Alberto Dahik, Álvaro Dahik, formaliza las acusaciones particulares en contra de los diputados socialcristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta, por presunta violación al sigilo bancario. (Cornejo, 2012).

El presidente de la CSJ cierra el sumario del juicio, y dispone que el Fiscal emita su dictamen. (Cornejo, 2012).

 El Fiscal solicita la inclusión de nuevos sindicados en el proceso judicial del caso por gastos reservados. (Cornejo, 2012).  Los nuevos nombres son: 

• Augusto de la Torre, Gerente del Banco Central

• Luis Rueda, Franklin Maldonado y Vinicio Garzón, exfuncionarios de la Vicepresidencia de la República

• Rodrigo Mera, esposo de la exdiputada Teresa Minuche

• Wilman Costa, Freddy Bravo, Marcelo Santos y Leonardo Escobar, todos asambleístas, previo levantamiento de la inmunidad parlamentaria 

Asimismo, solicita que el excontralor Faidutti comparezca nuevamente en el proceso.

El diputado Freddy Bravo rechaza la sindicación del Fiscal. (Cornejo, 2012).

El presidente de la CSJ reabre el sumario ante la petición del fiscal, y dispone a Faidutti ampliar su testimonio. Asimismo, se dispone la recepción de nuevos testimonios y se pide al Gerente del Banco Central informar sobre la recepción de 108 millones de sucres. Por último, se otorga el plazo de 3 días a los diputados Bravo, Escobar y Saltos para informar sobre la recepción de gastos reservados. Ante la decisión el Fiscal se muestra inconforme por la falta de detenidos, y argumenta que el juez no consideró sus pedidos medulares. (Cornejo, 2012).

Faidutti se acoge al silencio y se niega a responder las nuevas preguntas del Fiscal. (Cornejo, 2012). 

Varios funcionarios devuelven al Estado dinero de los gastos reservados. Entre ellos figuran Mariana Argudo, la diputada Teresa Minuche y el Gerente del Banco Central Augusto de la Torre. (Cornejo, 2012).

Costa Rica anuncia el asilo de Dahik. Ante esto, algunos partidos políticos ecuatorianos manifiestan su rechazo a la decisión de Costa Rica, mientras que el Presidente de la CSJ manifiesta que Dahik sigue bajo el estatus de “prófugo” en Ecuador (Cornejo, 2012).

Luego de el otorgamiento de asilo, el gobierno decide otorgar la pensión vitalicia de vicepresidente a Dahik. (Cornejo, 2012).

Dahik asegura que utilizó gastos reservados para fines diferentes a seguridad, porque el clasificador de gastos se lo permitía. (Cornejo, 2012).

Se dicta sentencia de primera instancia en el caso de peculado de los gastos reservados, por parte del Presidente de la CSJ Héctor Romero Parducci. Se destacan los siguientes puntos (Ayala, 2018):

• Se sentencia a 18 meses de reclusión al ex canciller Diego Paredes, como cómplice del delito de peculado. 

• Se declara la inocencia del ex contralor Juan Carlos Faidutti, del ex ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, d,el ex contralor Ricardo Muñoz Chávez y del ex subcontralor Francisco Costales

• En el caso de Alberto Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, quienes se encuentran prófugos, la CSJ no dicta sentencia debido a que la legislación no permite que “ningún sindicado puede ser condenado en ausencia”. Sin embargo, esta situación impide que Dahik, Merchán y Crespo regresen a Ecuador, durante el tiempo restante para que el delito de peculado prescriba (20 años). En caso de regresar a Ecuador dentro de este periodo, serían juzgados por la CSJ.

Ante la sentencia, Dahik asegura que el proceso es nulo, porque se le está juzgando tres veces por el mismo tema, la primera por Contraloría, la segunda por el Congreso Nacional y la tercera por la CSJ. 

Alberto Dahik presenta una denuncia al Estado Ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación a los derechos de garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la protección judicial. (CIDH, 2001).

La CIDH desestima el caso debido a que Alberto Dahik no había agotado los recursos internos judiciales para solucionar su situación en el Ecuador. De esta manera, la petición de Dahik es declarada inadmisible. (CIDH, 2001).

Guillermo Castro, Presidente de la Corte Nacional, anula el juicio en contra de Dahik. Asimismo, Castro anula los juicios contra los expresidentes Bucaram y Noboa. Días más tarde, esta resolución fue revocada. (El Comercio, 2011).

Alberto Dahik regresa a Ecuador por 4 días durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Luego de la revocación de la resolución anulatoria de su juicio regresa a Costa Rica. (El, Universo, 2005). Durante su visita a Quito, presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, solicitando la reactivación el Partido Unión Nacional. (El, Universo, 2005). 

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, Eduardo Maruri empresario y asambleista por el partido UNO presentó un pedido de amnistia para Alberto Dahik. Este no prosperó. (Cornejo, 2012)

El Presidente Rafael Correa, al final de su informe a la nación presentado ante la Asamblea Nacional, solicita a los asambleístas conceder la amnistía para Alberto Dahik. En su discurso el Presidente aseguró que en Ecuador ha existido persecución política y que Dahik, un hombre honrado, fue víctima de la persecución de esa época. (El Comercio, 2010). Por su parte, el Fiscal General Washington Pesántez, señala que la amnistía no es procedente en este caso porque el delito del cual se acusa a Dahik es un delito contra la administración pública. De igual forma explica que la figura de indulto tampoco procede porque no existe una sentencia firme. (Ecuador Inmediato, 2010).

El Presidente Correa oficializa su pedido de amnistía para Alberto Dahik ante la Asamblea, argumentando que su caso responde al secuestro de la justicia por parte del PSC. (El Universo, 2010). Un año después del pedido de Correa en la Asamblea, no se tenían noticias de la amnistía (El Comercio, 2011)

El presidente de la Corte, Hernán Ulloa, levantó la orden de prisión preventiva que tenía Alberto Dahik desde el año 1995. Según Ulloa, se violaron, en forma reiterada e insubsanable, “las disposiciones legales, constitucionales y de los Tratados de los Derechos Humanos, en el proceso contra Dahik. (Expreso, 2012). La medida de prisión preventiva es sustituida por la obligación de presentarse periódicamente ante los juzgados. (El Telégrafo, 2011). 

Alberto Dahik regresa a Ecuador. (El Universo, 2011).

Hernán Ulloa Parada, juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anula todas las acciones judiciales emprendidas en el caso gastos reservados, argumentando que que el proceso no tuvo la autorización de la Función Legislativa, como lo establecía las disposiciones legales y constitucionales de aquel entonces. Ante esto, el Fiscal Galo Chiriboga apela la decisión. (El Universo, 2013)

La jueza Lucy Blacio no acepta el pedido de apelación de Galo Chiriboga, por estimarlo improcedente. El caso se archiva de forma definitiva. (El Universo, 2013).

Alberto Dahik vive en Guayaquil, y es Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo (CESDE) de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Vicepresidente de Grupo Empresarial Amazonas y columnista del diario El Universo.