La Oficina de Fraudes Graves (SFO) es una agencia gubernamental fundada en 1988, encargada de investigar y judicializar crímenes financieros de fraude, sobornos, y/o corrupción en el Reino Unido. La Oficina colabora con otras instituciones públicas y privadas dentro de la “Estrategia de Crímenes Serios y Organizados”. Además, la SFO recurre a Asistencia Legal Mutua para colaborar con agencias y terceros en el extranjero. Durante 2019 y en la primera mitad de 2020, se levantaron cargos en contra de seis individuos, y tres empresas, se abrieron cinco investigaciones, y se han logrado varias condenas y resoluciones judiciales. Además, se recuperaron alrededor de GBP 475.000 (USD 651.248) con lo que se pagarán compensaciones a las víctimas de fraude. Entre abril de 2019 y marzo de 2020 se lograron 11 órdenes de confiscación por GBP 7 millones (USD 9.596.965), y 11 órdenes de retención de capitales por GBP 13 millones (USD 17.820.400). Además, el porcentaje de éxito de la SFO entre 2016 y 2020, con relación a los juicios iniciados es de 95% de sentencias condenatorias, según los datos 2016-2020. La SFO ha construido una buena reputación en las últimas dos décadas.

La ICAC nace en 1974 en el contexto de una población en crecimiento, cuyas necesidades y carencias no eran atendidas por el gobierno. La corrupción prevalecía, en especial en el sector público. Tras la fuga de un alto funcionario público de la policía nacional sospechoso de enriquecimiento ilícito, la población de Hong Kong empezó a demandar respuestas. En busca de una solución, el gobierno ordenó la conformación de una comisión de investigación para este caso. Tomando las recomendaciones de los reportes de la comisión, se articularon esfuerzos para la creación de una organización anti-corrupción independiente. Actualmente la ICAC combate la corrupción basándose en la disuasión, a través del fortalecimiento legislativo y la investigación, la prevención y la educación. Entre sus objetivos, la Comisión busca cambiar la percepción de la ciudadanía de que los sobornos y comisiones ilegales son algo normal de la vida cotidiana. Las claves de los resultados en Hong Kong son el enfoque integral que vigila la corrupción en los sectores público y privado, un adecuado financiamiento a la ICAC y para las políticas anticorrupción, y el reclutamiento de personal calificado y competente en la lucha contra la corrupción. Así, Hong Kong se ha mantenido en el top 20 del índice de Percepción de la Corrupción en los últimos 8 años, con puntuaciones entre 74 y 77 sobre 100.

La Evaluación de Iniciativas Anticorrupción (EIA) fue creada en 2002 por la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles (ACRC) de la República de Corea, a partir de experiencias y lecciones aprendidas en su lucha contra la corrupción. A esta iniciativa se sumó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2015. Esta evaluación anual es una herramienta aplicada a más de 250 instituciones públicas para medir el cumplimiento de las directrices anticorrupción de la ACRC. La herramienta busca promover la implementación de mecanismos institucionales para prevenir la corrupción. La ACRC publica un reporte con calificaciones en grupos del 1 al 5, donde 1 es el grupo de mejor desempeño. El reporte busca estimular a los directivos de las instituciones a mejorar sus medidas de prevención de la corrupción. La EIA se ha replicado en Vietnam a través de cooperación con el gobierno coreano y el PNUD. Tras adaptar el instrumento de evaluación al contexto nacional vietnamita, esta herramienta apunta al fortalecimiento de capacidades y voluntad política hacia medidas institucionales de prevención de la corrupción en la esfera pública. El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional muestra una mejoría en Corea del Sur. Entre 2012 y 2019 el país ha mejorado su calificación por 3 puntos y su posición subió de 45/198 a 39/198.

La defensa nacional y el área castrense se han caracterizado por la secretividad en su manejo. En este contexto, en 2020 en Chile el capitán de las Fuerzas Armadas Rafael Harvey fue dado de baja de la institución tras una denuncia realizada en 2015 por el cobro indebido de indumentaria militar a soldados de escasos recursos. En respuesta, la Cámara de Diputados de Chile aprobó una iniciativa que protege a los militares que denuncien casos de corrupción dentro de la institución. La iniciativa implica varias medidas, como el deber de de denunciar cualquier delito en contra de la probidad, así como un nuevo procedimiento de denuncias que garantice la protección de los uniformados en su condición de testigos. Además, cualquier tipo de hostigamiento, persecución, acoso o represalia que se realice en contra de un denunciante, será considerado falta grave.